Con las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre en el horizonte, el gobierno de Gabriel Boric decidió acelerar uno de sus proyectos más controvertidos: la ley de aborto libre. El Ejecutivo le otorgó “urgencia simple” al debate legislativo, con la intención de que la norma pueda promulgarse antes de finalizar su mandato.
El proyecto busca reemplazar la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, vigente desde 2017 bajo la gestión de Michelle Bachelet, que permite abortar en casos de violación, riesgo de vida de la madre o inviabilidad fetal. En cambio, la propuesta de Boric habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de causal específica.
La oposición acusa una “cortina de humo”
El oficialismo enfrenta un muro en el Congreso. Renovación Nacional, Evópoli y Demócratas ya adelantaron que no darán sus votos. La diputada Ximena Ossandón (RN) calificó la medida como un intento del gobierno de “cambiar el foco de la discusión” en medio de la crisis de seguridad. “Chile no es un país abortista”, afirmó.
En la misma línea, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) sostuvo que “el Gobierno insiste con un proyecto que no tiene respaldo ciudadano ni parlamentario”. Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) descartó apoyar la iniciativa: “Ya voté en contra de un mal proyecto anterior, no voy a cambiar de postura ahora”.
La Democracia Cristiana también rechaza
La DC, aliada clave del oficialismo, expresó su rechazo tajante. La decisión generó tensiones con la candidata presidencial Jeannette Jara, militante comunista apoyada por ese partido. Para evitar profundizar la fractura interna, Jara decidió excluir el aborto libre de su programa de gobierno, gesto interpretado como un guiño hacia los falangistas.
El vocero de la colectividad, Eric Aedo, fue categórico: “Es un proyecto que no tiene los votos ni en la Cámara ni en Chile. La candidata puso el énfasis en lo que nos une, no en lo que nos divide”.
El oficialismo insiste en el debate
A pesar del rechazo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respaldó la decisión de Boric y aseguró que se trata de “un debate que tiene que darse”. Reconoció que los votos nunca estuvieron garantizados, pero destacó la importancia simbólica de instalar la discusión antes del final del mandato.
De acuerdo con cifras oficiales, 6.249 mujeres y niñas interrumpieron embarazos en los últimos siete años bajo la actual ley de tres causales. La mayoría fueron adolescentes, especialmente de 13 años, casos que configuran delitos y obligan a los centros de salud a realizar denuncias.
Un escenario complejo
El trámite legislativo deberá pasar por las comisiones de Salud y Constitución de la Cámara de Diputados antes de llegar al Senado, lo que torna improbable que se apruebe en un mes como pretende el Ejecutivo. En paralelo, la derecha insiste en que se trata de un proyecto “sin destino” y denuncia que el oficialismo intenta usar el tema para movilizar a su electorado en la recta final de campaña.
