La comisión investigadora del Congreso sobre el escándalo cripto $LIBRA aún no comenzó a sesionar formalmente y ya enfrenta su primera crisis. Este martes debía recibir a cuatro testigos claves, entre ellos el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik. Sin embargo, el funcionario se negó a recibir la notificación oficial de citación, lo que obligó a las autoridades a dejarle el escrito pegado con cinta en la puerta de su despacho.
El episodio fue revelado por el presidente de la comisión, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien calificó la actitud de Melik como una maniobra para evitar dar explicaciones. «Lo primero que debería corregir el Gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública», escribió Ferraro en su cuenta de X. El legislador remarcó que la investigación sobre el criptoescándalo necesita la colaboración de todos los funcionarios citados y que la negativa de Melik constituye «una pésima señal institucional».
La comisión se constituyó para esclarecer las responsabilidades políticas detrás del colapso del criptoactivo $LIBRA, un caso que derivó en una fuerte controversia pública y judicial. Además de Melik, fueron citados Luis Villanueva y José Mazzoni, ex agentes de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Tareas $LIBRA, creada por el propio Gobierno tras el estallido del escándalo. Zicavo fue señalada como la única integrante de esa comisión interna, lo que ya había generado cuestionamientos a la seriedad de la respuesta oficial.
Para Ferraro, la ausencia de Melik no solo erosiona la credibilidad de la Oficina Anticorrupción, sino que también pone en entredicho la voluntad del Ejecutivo de colaborar con el Congreso. «Si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe empezar por lo más simple: que mañana Melik y Zicavo concurran a la comisión como corresponde», insistió el legislador opositor.
Avanza la causa judicial del caso $LIBRA
El fiscal Eduardo Taiano conduce en paralelo la investigación judicial, que intenta determinar si existieron irregularidades en la operatoria del criptoactivo y si se violaron normas de ética pública. Sin embargo, la tarea legislativa busca esclarecer las responsabilidades políticas y exigir explicaciones a los funcionarios en funciones.
El gesto de Melik, al rehusarse a recibir la notificación, amenaza con enturbiar la primera jornada de la comisión investigadora y anticipa un clima de confrontación entre el oficialismo y la oposición. Para los críticos, el hecho simboliza la estrategia del Gobierno de esquivar la rendición de cuentas en un caso que ya se transformó en uno de los escándalos más sensibles del año.
