La Argentina inició formalmente el proceso de apelación contra el fallo judicial que la obliga a pagar con acciones de YPF una sentencia condenatoria por 16.000 millones de dólares derivada de la nacionalización de la petrolera. La presentación, realizada ante la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos, busca revertir la decisión de la jueza Loretta Preska y se apoya en cuatro ejes centrales que, según la defensa del Estado, refuerzan la posición soberana del país.
De acuerdo con el especialista Sebastián Maril, el primero de los argumentos sostiene que la justicia norteamericana no puede obligar a un país soberano a repatriar activos localizados fuera de su territorio. En segundo lugar, se cuestiona la aplicación de la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) por parte de Preska, entendiendo que esa normativa no corresponde para bienes situados en el exterior.
En tercer lugar, se invoca la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) como mecanismo de protección frente a intentos de ejecución que comprometan patrimonio argentino. Finalmente, se señala que el cumplimiento de la sentencia podría generar consecuencias diplomáticas negativas entre dos naciones amigas, en este caso la Argentina y Estados Unidos, con impacto en el marco bilateral.
Caso YPF: cuándo se podría resolver
El calendario judicial establece que la definición de este proceso podría llegar recién en el primer trimestre de 2026, lo que prolonga la incertidumbre en torno a un litigio que compromete seriamente las cuentas del Estado. En este escenario, el gobierno estadounidense decidió presentarse como amicus curiae de la Argentina. La administración norteamericana planteó que la orden de transferir acciones de YPF, incluso cuando se encuentran fuera de su jurisdicción territorial, podría violar los límites de ejecución de bienes de Estados extranjeros que establece la propia FSIA.
El escrito del Tesoro advirtió que una decisión como la de Preska podría afectar el trato recíproco de activos estadounidenses en tribunales de otros países, con riesgos en materia de política exterior. Además, alertó que si Argentina cumple con la entrega de acciones sin esperar el resultado de la apelación, podría sufrir un daño irreparable, ya que incluso con un fallo favorable posterior no habría garantía de recuperar los títulos.
Para el gobierno argentino, lograr la reducción o anulación de la condena es crucial no solo para evitar un desembolso millonario, sino también para preservar el control de una de las empresas más estratégicas del país. Al mismo tiempo, el acompañamiento de Estados Unidos como aliado judicial refuerza la lectura política de que Washington no quiere ver a Buenos Aires atrapada en un escenario de default técnico derivado de este litigio.
