El juez federal Nº2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, emitió una resolución que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restituir de manera inmediata las pensiones por invalidez que habían sido suspendidas en los últimos meses, luego de aceptar la medida cautelar presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM).
La organización estuvo representada por Dalmacio Mera, defensor del Pueblo, quien patrocinó a seis beneficiarios que sufrieron directamente la interrupción de su prestación y se convirtieron en parte de la acción judicial. El magistrado advirtió que estos derechos son de naturaleza colectiva e individual, y se encuentran afectados por una normativa que calificó de inconstitucional, ejecutada además de manera irregular por parte del organismo estatal encargado de la administración de las pensiones.
El fallo establece un plazo perentorio de 24 horas para que la ANDIS reintegre la totalidad de las pensiones suspendidas y, además, pague los haberes que fueron retenidos hasta la fecha. De igual manera, el juez exigió que el organismo se abstenga de continuar con las auditorías que dieron origen a las suspensiones, y prohíbe que se dispongan nuevas medidas similares contra otros beneficiarios. La decisión judicial representa un fuerte golpe a la política de recortes del Gobierno, ya que obliga a dar marcha atrás con un esquema de revisión que había generado amplio rechazo social y numerosas denuncias en distintos puntos del país.
Freno al Gobierno nacional
Según informó el diario El Ancasti, la presentación de APYFADIM había sido presentada como una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad, con el objetivo de declarar la nulidad de las suspensiones. Además, el planteo incluía un pedido de adecuación del procedimiento de auditorías y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, norma que sirvió de base para avanzar en la interrupción de los pagos. La Defensoría del Pueblo, al respaldar la acción, señaló que miles de personas vieron interrumpidos sus ingresos esenciales sin aviso previo ni posibilidad de defensa.
En línea con la resolución del juez de Catamarca, el fiscal federal Santos Reynoso había dictaminado la semana pasada en favor del amparo, subrayando que el Gobierno nacional no puede afectar derechos esenciales sin un debido proceso. Para Reynoso, las suspensiones no cumplían con las garantías básicas exigidas por la Constitución, lo que refuerza el carácter de inconstitucionalidad de las medidas adoptadas por la ANDIS. La cautelar representa entonces un freno inmediato, aunque la cuestión de fondo seguirá en discusión durante los próximos meses en el marco del expediente principal.
