Las universidades públicas argentinas convocaron a una nueva marcha nacional para este miércoles 17 de septiembre a las 17 horas frente al Congreso. La protesta apunta a revertir el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada con una amplia mayoría en el Senado el 22 de agosto pasado.
La convocatoria se lanzó con un video de un minuto protagonizado por estudiantes, difundido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí, en primer plano, los jóvenes repiten frases como: “Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres. Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias. El orgullo de nuestro país”.
Detrás de esa puesta en escena, sin embargo, se esconde una paradoja evidente: los rectores y gremios universitarios hoy se muestran combativos. Sin embargo, durante más de una década de gobiernos kirchneristas nunca organizaron marchas masivas pese al deterioro edilicio. O frente los bajos salarios docentes y la caída en la calidad académica.
El alcance de la ley vetada
La ley vetada por Milei obligaba al Poder Ejecutivo a actualizar mensualmente por inflación los gastos salariales y de funcionamiento. Además de recomponer sueldos retroactivos desde diciembre de 2023 y convocar a paritarias. Según el Gobierno, se trataba de un proyecto fiscalmente inviable en un contexto donde la administración libertaria busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas y cumplir con la meta de déficit cero.
El veto presidencial había sido anticipado semanas antes, y el propio CIN votó el 29 de agosto que convocaría a una nueva Marcha Federal si Milei cumplía su promesa. Así, tras conocerse la decisión del Ejecutivo, los gremios universitarios y los rectorados lanzaron un paro nacional el viernes pasado y confirmaron la movilización al Congreso.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, declaró que “esta ley no es contra nadie, es a favor de todos” y advirtió que “está en riesgo el funcionamiento de la universidad pública”. Por su parte, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN, sostuvo que sin ley de financiamiento las universidades entran en “estado crítico”.
Reclamos y política universitaria
El titular de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carvalho, aseguró que “el Gobierno nos empuja a tener que convocar a toda la sociedad para defender no solo un reclamo universitario, sino el futuro del país”. Desde la Universidad Nacional de Rosario, su rector Franco Bartolacci agregó que la educación “no es un gasto, sino una inversión”. Y remarcó que la aplicación de la ley implicaba una erogación equivalente al 0,14% del PBI, “una cifra absolutamente marginal”.
El Gobierno, en cambio, rechaza estos argumentos y subraya que la universidad pública no puede seguir siendo una caja opaca donde los fondos se manejan sin control. Voces libertarias remarcan que los mismos actores que hoy encabezan las marchas jamás levantaron la voz durante los gobiernos kirchneristas. Cuando la inflación licuaba presupuestos, se congelaban paritarias y se deterioraban las condiciones edilicias.
Para el oficialismo, el verdadero objetivo de la protesta no es defender la educación de calidad. En realidad, se trata de blindar los recursos y los privilegios de rectorados y gremios universitarios. Especialmente, cuando el kirchnerismo busca mostrarse como el defensor de la “universidad pública” frente a un gobierno que insiste en la austeridad fiscal.
