La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad de una demanda civil contra la expresidenta Cristina Kirchner. La causa buscaba un resarcimiento de $22.300 millones en el marco del expediente conocido como “Vialidad”. El proceso se dio por concluido debido a la falta de impulso de la parte demandante, en este caso Vialidad Nacional.
El fallo de la Cámara
Los camaristas Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi firmaron el voto mayoritario. Ratificaron la resolución del juez de primera instancia Marcelo Bruno Dos Santos, quien había declarado la caducidad de la instancia. Ambos señalaron que la última medida válida en el expediente se registró el 17 de marzo de 2023 y que, después de esa fecha, no se realizaron acciones con valor procesal.
Según el fallo, los escritos que Vialidad presentó en septiembre de 2023 y en febrero de 2025 no pudieron reactivar el trámite porque fueron presentados cuando el expediente ya estaba paralizado. Los jueces también descartaron como relevante el pedido de préstamo del expediente de septiembre de 2023, al considerar que no era responsabilidad del organismo digitalizar documentos.
La disidencia de la jueza Nallar
La camarista Florencia Nallar votó en contra de la caducidad. Para la magistrada, cerrar el caso de esta forma constituye una medida excepcional que debe aplicarse con prudencia. Recordó que este mecanismo busca evitar que los juicios se extiendan indefinidamente, pero no debería usarse para impedir una sentencia sobre el fondo del asunto.
Nallar sostuvo que las acciones de Vialidad, como responder a planteos vinculados a Carlos Kirchner, no debían considerarse inválidas de manera automática. Además, señaló que una vez que el expediente se reanudó en marzo de 2025, era el juez quien debía resolver las cuestiones pendientes antes de exigir nuevas presentaciones al organismo. Por eso, en su criterio, no correspondía hablar de abandono por parte del Estado.
Qué significa la caducidad procesal
La caducidad de la instancia implica que la demanda civil queda archivada sin una resolución sobre el fondo. En este caso, se da por finalizado el reclamo económico que buscaba una reparación por las obras inconclusas adjudicadas durante las gestiones kirchneristas. El fallo enfatizó que esta figura existe para evitar la prolongación indefinida de los procesos y garantizar seguridad jurídica.
El decomiso penal sigue en curso
Es importante diferenciar este expediente civil de la causa penal que se tramita en Comodoro Py. Allí continúa activo el decomiso de bienes por más de $684.000 millones, derivado de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Este procedimiento de ejecución patrimonial sigue su curso en el Tribunal Oral Federal N° 2 y no se ve afectado por la caducidad en el fuero civil.
Repercusiones políticas
La decisión judicial tuvo eco en el escenario político. Los espacios cercanos a Cristina Kirchner destacaron que se trató de un reclamo mal planteado y sin fundamentos sólidos, mientras que sectores opositores criticaron con dureza la falta de impulso procesal por parte del Estado. En su visión, la inacción provocó la pérdida de una oportunidad para recuperar fondos millonarios, un tema que el equipo de Javier Milei sigue de cerca por su impacto en la administración pública.
