Con un fallo que reaviva el debate político y judicial en Argentina, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal resolvió eximir a la ex presidenta Cristina Kirchner del pago de 22.300 millones de pesos reclamados en una demanda civil vinculada a la Causa Vialidad. La decisión, adoptada por la Sala II en un fallo dividido, sostuvo que no existen elementos suficientes para responsabilizarla económicamente en este proceso. La noticia fue confirmada por fuentes judiciales y generó reacciones inmediatas tanto en La Cámpora como en la oposición.
Según la mayoría de los jueces, sin una condena penal firme no corresponde avanzar con una sanción patrimonial de semejante magnitud. En ese sentido, remarcaron que las acciones civiles contra exfuncionarios son excepcionales y requieren un respaldo jurídico sólido, algo que en este expediente no se verificó.
Mientras en el oficialismo celebraron la resolución y hablaron de una nueva demostración del “lawfare” judicial, desde los bloques opositores cuestionaron duramente el mensaje de impunidad que, a su entender, envía este desenlace. La discusión sobre los límites de la responsabilidad civil de los exmandatarios vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
El fallo y sus fundamentos
El tribunal se expidió tras analizar los planteos de la defensa de Cristina Kirchner, que había rechazado la pretensión económica por considerarla carente de sustento jurídico. Los jueces que conformaron la mayoría coincidieron en que el proceso penal aún no cuenta con sentencia firme y, bajo ese marco, no corresponde trasladar responsabilidades patrimoniales de manera anticipada.
El voto disidente, sin embargo, planteó que sí existían elementos para habilitar la acción civil. No obstante, prevaleció la interpretación mayoritaria y la ex presidenta quedó desligada de afrontar la suma reclamada.
Juristas especializados destacaron que este tipo de demandas contra exfuncionarios son muy difíciles de sostener sin la existencia de un fallo penal definitivo. Señalaron, además, que la figura de responsabilidad patrimonial busca reparar daños concretos y no puede utilizarse como una herramienta para adelantar condenas en procesos aún abiertos.
Repercusiones políticas y judiciales
La reacción del kirchnerismo no tardó en llegar. Dirigentes cercanos a Cristina Kirchner celebraron la resolución y la enmarcaron en su denuncia contra el lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial con fines políticos. Para ellos, el fallo ratifica que los persiguieron durante años.
En cambio, la oposición interpretó el fallo de manera opuesta. Legisladores de diferentes espacios señalaron que la medida genera un efecto negativo en la sociedad. Según ellos, instala la idea de que no existen consecuencias concretas para los actos de corrupción investigados. En esa línea, remarcaron la importancia de impulsar reformas que fortalezcan la independencia judicial.
El fallo, además, se da en un momento en el que el oficialismo nacional insiste en reformar el sistema judicial y en medio de un clima de creciente polarización. Analistas políticos sostienen que la resolución puede revitalizar a Cristina Kirchner dentro del peronismo. Especialmente entre sus seguidores más fieles, quienes ven en la decisión una reivindicación frente a lo que consideran una persecución política.
Un frente judicial aún abierto
Más allá de este alivio económico, la situación judicial de la ex mandataria continúa siendo compleja. La causa Vialidad sigue en curso y otras investigaciones permanecen abiertas en distintos grados de avance. Bajo ese panorama, la ex presidenta deberá seguir enfrentando procesos que mantienen a la política argentina en permanente tensión.
Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?… ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2025
Bueno… dejame…
