El diputado nacional Daniel Arroyo advirtió que el Gobierno de Javier Milei no tiene margen para evitar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En diálogo con Radio Splendid AM 990, el legislador de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja sostuvo que “no es opcional” y que la norma debe comenzar a aplicarse desde la semana próxima. La declaración se da luego de que el Congreso insistiera en su aprobación tras el veto presidencial, lo que restituyó su vigencia.
Según Arroyo, cualquier intento de judicializar la ley sería “absurdo” y carece de sustento jurídico. “El lunes el Senado lo envió al Poder Ejecutivo y ya es ley. Una ley no es un consejo, es una obligación. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene la obligación de ponerla en marcha”, enfatizó.
El exministro de Desarrollo Social cuestionó además las demoras del Ejecutivo en reglamentar la norma y advirtió que la situación actual del sistema es crítica. “Se dieron de baja 200 mil pensiones, de las cuales 90 mil fueron por un tema de domicilio. Personas que nunca recibieron la carta documento, que nunca se enteraron que tenían que presentarse”, denunció.
Una norma que el Gobierno debe cumplir
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por ambas cámaras y vetada por el presidente Milei, lo que derivó en un nuevo debate legislativo. Finalmente, el Congreso insistió y ratificó la norma, dejando sin efecto el veto del Ejecutivo. Para Arroyo, el proceso parlamentario fue claro y no deja lugar a dudas. “Cumplió todos los procedimientos. No hay manera de judicializarla”, explicó.
En ese sentido, recordó que la Justicia ya se pronunció en un caso individual. “Un padre fue a la Justicia por sus dos hijos, y la Justicia determinó que era inconstitucional el veto”, subrayó. Bajo ese marco, advirtió que no existe margen legal para evitar la puesta en marcha inmediata de la ley.
Reclamos y urgencias del sector
Arroyo remarcó que la aplicación de la norma supone actualizar el nomenclador y reordenar el sistema de pensiones, lo que permitiría recomponer el acceso a prestaciones que hoy están limitadas. “Es un lío bárbaro, porque se dieron de baja pensiones sin que las personas supieran que tenían que presentarse. La reglamentación es muy sencilla: Jefatura de Gabinete transfiere las partidas de discapacidad y se actualiza el nomenclador”, detalló.
El legislador explicó que no se trata de un debate de interpretación política, sino de una obligación legal. “La ley no da lugar a la creatividad. Si el Gobierno actúa con racionalidad, la semana que viene la tiene que poner en marcha”, insistió.
Asimismo, señaló que el retraso en la implementación genera un impacto directo sobre miles de familias que dependen de las pensiones y de las prestaciones para personas con discapacidad. Según dijo, la situación se agrava en un contexto de recortes presupuestarios y caída del poder adquisitivo, lo que deja a los beneficiarios en una situación de alta vulnerabilidad.
“El Gobierno tiene que dejar de dilatar”
Por último, Arroyo planteó que el oficialismo debe “dar una señal de sensatez” y dejar de poner obstáculos a una ley que apunta a atender una situación crítica. “El Gobierno amagó con judicializar, pero ahora parece que retrocede. Me parece bien que se den cuenta de que es absurdo. Lo que tienen que hacer es cumplir con la norma”, concluyó.
??“Hoy la gente se endeuda para vivir”@LicDanielArroyo, diputado de Unión por la Patria, en #RPM con @rolandogps. https://t.co/4TldAe9IA0 pic.twitter.com/v4te2hkbLB
— Splendid AM 990 (@splendidam990) September 12, 2025
