La Justicia que condenó a Cristina Kirchner por el caso de Vialidad busca acelerar el decomiso de bienes para recuperar fondos de la corrupción. En la lista aparecen propiedades icónicas de la familia Kirchner, cuatro hoteles en El Calafate, el departamento de San José 1.111 donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria, el piso de Recoleta donde vivió durante años y más de 4 millones de dólares hallados en cajas de ahorro a nombre de Florencia Kirchner.
Los jueces del Tribunal Oral 2 —Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu— son los encargados de avanzar con esta etapa. La condena contra la ex presidenta, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, establece que los condenados respondan de forma solidaria al decomiso fijado en 684.990 millones de pesos.
Cristina Kirchner pidió que no se le exija pagar esa suma junto con el resto de los acusados, por lo que este jueves a las 12:30 la Sala IV de la Cámara de Casación realizará una audiencia para escuchar a las partes y al fiscal Mario Villar. Según fuentes judiciales, el trámite será por escrito y los jueces tendrán cinco días hábiles para resolver.
Hoteles, propiedades y dólares en la mira
Los magistrados señalaron que el decomiso busca reparar el daño económico ocasionado al Estado y que se aplicará sobre bienes adquiridos entre 2003 y 2015, período en el que se cometió la maniobra fraudulenta. Dentro de ese marco temporal figuran el departamento de San José, adquirido mediante operaciones inmobiliarias con CEDINES. Y los hoteles Alto Calafate, Casa Patagónica Los Sauces, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén. Estos últimos vinculados a sociedades de la familia Kirchner y a contratos con empresas de Lázaro Báez.
A esto se suman los 4,6 millones de dólares detectados en 2017 en cuentas de Florencia Kirchner, que continúan cautelados por orden judicial. La fiscalía analiza si esos fondos también deben incluirse en el proceso de decomiso, por considerarse producto de las maniobras ilícitas.
El rol de la fiscalía y los próximos pasos
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tienen la tarea de individualizar los bienes obtenidos con dinero ilícito o transformados con ganancias del fraude. Una vez que se defina el listado, las defensas de los acusados podrán intervenir para resguardar sus intereses.
El proceso no solo tiene impacto económico: busca sentar un precedente en la recuperación de activos vinculados a la corrupción. Para los jueces, se trata de una “pena accesoria” inseparable de la condena principal.
El caso, que combina bienes emblemáticos, millones de dólares y un debate jurídico de alto voltaje, pone nuevamente a CFK en el centro de la escena judicial y política.
