La detención de ocho funcionarios públicos en Chile por corrupción y asociación ilícita marcó un nuevo capítulo en la lucha contra este tipo de delitos en el país. Según informaron la policía y la fiscalía, los implicados habrían manipulado trámites y concesiones de terrenos fiscales desde 2021, a cambio de sobornos y beneficios económicos.
Investigación por corrupción en instituciones públicas
La operación anticorrupción se desarrolló el miércoles en Santiago y en la región de Arica y Parinacota. En total, fueron detenidas diez personas: cinco funcionarios activos, tres exfuncionarios y dos consultores civiles.
Las pesquisas señalan que los involucrados utilizaron sus cargos para entregar información confidencial, manipular concesiones y facilitar ventas o arriendos de terrenos fiscales. Todo esto se realizaba a cambio de cuantiosas sumas de dinero, según explicaron fuentes policiales.
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Análisis Criminal realizaron allanamientos en oficinas públicas y domicilios. Entre los organismos inspeccionados se encuentran la Seremi de Bienes Nacionales y la Dirección de Obras Municipales de Arica. El jefe de la Brigada de Delitos Económicos, Marcelo García Cid, detalló que la causa también incluye cargos por lavado de activos y falsificación.
Denuncias ciudadanas y estrategia anticorrupción
La fiscal Paulina Brito explicó que la investigación comenzó hace más de dos años tras denuncias ciudadanas. “Hoy se concretaron estas órdenes de detención por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita”, señaló la funcionaria.
En 2022, el gobierno de Gabriel Boric lanzó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, destinada a fortalecer la confianza en las instituciones y combatir la corrupción. Sin embargo, diversos escándalos han puesto en duda la efectividad de esa política.
Uno de los casos más resonantes ocurrió en junio de 2023, cuando un convenio irregular entre una repartición estatal y una fundación vinculada al oficialismo terminó con la renuncia del ministro Giorgio Jackson. Desde entonces, los allanamientos y dimisiones han aumentado en diferentes áreas del Estado.
Este nuevo caso vuelve a poner bajo la lupa la capacidad del gobierno para frenar la corrupción en la administración pública. Los diez detenidos quedaron a disposición del tribunal de garantía, que definirá en los próximos días las medidas cautelares mientras avanza la formalización de cargos.
