El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal dedicada a la generación de energía nuclear. La medida fue instrumentada a través del Decreto 695/2025 y plantea una apertura al capital privado bajo un esquema que mantiene el control mayoritario en manos del Estado.
Hasta ahora, la compañía estaba conformada en un 79% por el Estado nacional, un 20% por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1% por Energía Argentina S.A. (ENARSA). Con el nuevo esquema, se venderá el 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que otro 5% se destinará a un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores. De esta forma, el Estado nacional y la CNEA conservarán el 51% de las acciones, asegurando así la mayoría accionaria. La medida incluye también la transferencia del 1% que poseía ENARSA hacia el Estado y la cesión de una porción mínima de NASA dentro de ENARSA.
Argumentos del Gobierno
El Gobierno justificó la privatización parcial en la necesidad de mejorar la eficiencia y sumar inversiones estratégicas. Entre los proyectos que buscan financiamiento privado se encuentran la extensión de vida útil de Atucha I, prevista para 2027, y el desarrollo del sistema de almacenamiento en seco de elementos combustibles de Atucha II. Además, se busca reducir el déficit fiscal y diversificar los riesgos en la administración de la empresa. Desde la Casa Rosada recordaron que en 2023 NASA recibió transferencias estatales por 700 millones de pesos para sostener inversiones, lo que según el Ejecutivo evidencia la dependencia de recursos públicos.
El decreto reconoce la capacidad técnica de Nucleoeléctrica, que en 2024 alcanzó un récord de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3%. Sin embargo, advierte que sostener ese nivel de producción y encarar nuevas obras exige la incorporación de capital privado.
El proceso de privatización
La ejecución del esquema quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encargados de llevar adelante la licitación. El mecanismo se regirá por la Ley 23.696 y tendrá alcance nacional e internacional. El decreto también prevé la participación de la Secretaría de Trabajo, que deberá analizar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada, y establece que se enviará un informe a la Comisión Bicameral del Congreso para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.
De esta forma, el Gobierno busca abrir la puerta a la inversión privada en un sector estratégico, manteniendo al mismo tiempo el control estatal de la principal empresa de energía nuclear del país.
