El Gobierno nacional oficializó un tope de $26.500 millones anuales para el régimen de recupero de saldos fiscales acumulados, una medida que busca fortalecer el superávit fiscal y que, en la práctica, beneficia de manera prioritaria a las empresas energéticas y de transporte.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 1353/2025 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde se detalla la distribución de los fondos y los alcances de la medida.
Según el texto, el límite fijado abarca tanto los créditos fiscales generados durante 2024 como aquellos acumulados entre 2018 y 2023 que aún no habían sido objeto de recupero bajo topes anteriores. El régimen aplica únicamente a prestadores de servicios públicos, cuya facturación se ve reducida por subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia estatal.
El esquema habilita la devolución de créditos fiscales facturados por compra, fabricación, elaboración o importación de bienes (con la excepción de automóviles) y por locaciones de obras y servicios, siempre que se utilicen en el desarrollo de la actividad regulada y subsidiada por el Estado.
De los $26.500 millones anuales, la asignación se reparte de la siguiente manera:
- Energía: $24.500 millones
- Transporte: $1.800 millones
- Otros sectores: $200 millones
El Ministerio de Economía justificó la medida en función de las condiciones generales de los ingresos presupuestarios y recordó que la Ley de IVA faculta al Poder Ejecutivo a fijar topes anuales por sector o rama de actividad económica.
Con esta decisión, el Gobierno apunta a reducir la presión sobre las cuentas públicas en un año en el que la premisa del déficit cero se mantiene como bandera innegociable, mientras avanza el debate político y social en torno al impacto del ajuste en sectores clave de la economía.