El Gobierno nacional avanzó este viernes con un nuevo capítulo en su plan de privatización al oficializar el inicio del proceso de venta de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra más de 3.400 kilómetros de rutas nacionales en todo el país. La medida quedó formalizada en la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
Según la normativa, la privatización será total y alcanzará los diez tramos que hoy están en manos de la compañía. Entre ellos corredores clave como la RN 34 y RN 9 entre Santa Fe y Santiago del Estero, la RN 12 y 16 hasta Posadas, la RN 7 en el trayecto Luján–San Luis y el Acceso Ricchieri. El Decreto 97/2025 ya había dado la autorización general, y la resolución actual fija las pautas concretas para su implementación.
Privatización de Corredores Viales: qué significa
El esquema aprobado implica la extinción por mutuo acuerdo de los contratos vigentes de concesión de todos los tramos que opera Corredores Viales S.A. Una vez perfeccionados los nuevos contratos de concesión, la empresa deberá reintegrar sus bienes al Ministerio de Economía. No se contempla la creación de programas de propiedad participada ni de preferencias para los trabajadores o particulares.
El proceso otorga un rol central a la Secretaría de Transporte, que tendrá que realizar el inventario de los bienes, elaborar los documentos de extinción de concesiones, proponer la conformación de los nuevos tramos viales y efectuar un relevamiento detallado del estado de las obras de infraestructura. Además, deberá elaborar la documentación técnica y contractual para los futuros procesos licitatorios, con la participación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas«.
Esa Unidad tendrá la responsabilidad de coordinar en un plazo de 12 meses la concesión de todos los tramos de la red vial nacional y luego proceder a la disolución y liquidación de Corredores Viales S.A.. También pedirá la tasación de bienes al Tribunal de Tasaciones de la Nación y la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación de los peajes, con el fin de fijar las condiciones de la privatización.
La resolución dispone que todo el proceso se realice a través de la plataforma CONTRAT.AR, el sistema digital de contrataciones del Estado. El objetivo declarado es garantizar mayor transparencia y control en cada etapa, desde la rescisión de contratos hasta la adjudicación de las nuevas concesiones.
De concretarse en los plazos previstos, la privatización de Corredores Viales S.A. representará uno de los movimientos más significativos en la agenda de reformas estructurales del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en sectores estratégicos y trasladar la gestión de rutas a manos privadas bajo el régimen de concesiones por peaje.
