El Gobierno nacional aceleró el ajuste fiscal en la previa de las elecciones bonaerenses para mantener bajo control las cuentas públicas tras un julio que había cerrado con déficit financiero por el pago de intereses de deuda. Según datos oficiales procesados por la consultora Analytica, en agosto las erogaciones cayeron 5,5% interanual, lo que representa el mayor ritmo de poda presupuestaria en lo que va del 2025.
La caída contrasta con un aumento acumulado de 1,2% en lo que va del año, explicado principalmente por el gasto previsional, indexado a la inflación y convertido en el rubro de mayor peso en el presupuesto. El impacto de la fórmula jubilatoria automática, vigente desde abril de 2024, obligó a profundizar los recortes en otras áreas.
Jubilaciones al alza, obra pública en mínimos
De acuerdo con el informe, en agosto las jubilaciones crecieron 6% real, mientras que la obra pública se desplomó un 70% frente al año anterior, tras arrastrar recortes desde 2024. También retrocedieron con fuerza los subsidios económicos (-41%), las transferencias a provincias (-25%), los gastos en bienes y servicios (-20%) y los salarios públicos (-8,5%).
En el acumulado anual, las jubilaciones muestran un avance real del 15%, acompañado por la Asignación Universal por Hijo y otros programas indexados. En cambio, los subsidios energéticos y de transporte acumulan una caída del 50%. Y la obra pública un 51,7% y el gasto en salarios públicos un 9,5%.
El compromiso con el FMI
El Ejecutivo presentó al Congreso un borrador del Presupuesto 2026 con una novedad: la inclusión de una “regla fiscal” que permitirá ajustar partidas automáticamente según el nivel de ingresos tributarios. El objetivo es institucionalizar el equilibrio fiscal y evitar aumentos del gasto sin respaldo genuino de recursos.
El Gobierno ya asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la meta de alcanzar en 2025 un superávit financiero de 1,6% del PBI, superior a la proyección inicial. En los primeros siete meses del año, las cuentas públicas acumularon un superávit primario del 1,1% del PBI y un superávit financiero de 0,3%.
Lo que pide el Fondo hacia adelante
El FMI advirtió que, a medida que aumente el peso de los intereses de deuda, será necesario un ajuste mayor. Para 2026 se requerirá un superávit primario del 2,2% del PBI, y para 2027 la meta subirá a 2,5%. Esto supone profundizar la disciplina fiscal y avanzar en reformas estructurales en materia tributaria, coparticipación y sistema previsional.
En línea con estas exigencias, la Casa Rosada prepara un paquete legislativo para “institucionalizar” el déficit cero. Será mediante una nueva ley, que reemplace la actual norma de responsabilidad fiscal. El Gobierno busca así enviar una señal de compromiso con la estabilidad macroeconómica y garantizar el acceso al financiamiento internacional tras la salida del cepo.
