A horas de que termine el plazo para vetar la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, el presidente Javier Milei vetó el proyecto aprobado por el Congreso, por lo que deberá volver a las cámaras legislativas para ser tratado nuevamente. Desde el Gobierno Nacional señalaron los artículos que consideran más problemáticos del proyecto, argumentando principalmente cuestiones económicas y salariales.
La Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796, sancionada por el Congreso el pasado 22 de agosto, implicaba una recomposición salarial para el personal médico del Hospital Garrahan, un aumento presupuestario para el centro pediátrico de alta complejidad y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año.
Los puntos problemáticos
Con poco tiempo para oficializar el veto, el Gobierno publicó el Decreto 651/2025 en el Boletín Oficial, lo que envió de vuelta la propuesta al Congreso. «El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en sus mecanismos de identificación«, afirmaron desde el Gobierno, apuntando contra la falta de definiciones en cuanto a las «funciones críticas» mencionadas en el escrito.
Asimismo, afirmaron que la recomposición salarial planteada «profundizaría distorsiones salariales, comprometería programas esenciales, afectaría la coparticipación y pondría en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación». Sobre las «distorsiones salariales«, el Ejecutivo señaló que un aumento salarial para el personal pediátrico por encima del nivel del resto del sistema sanitario provocaría una brecha en el sector.
También se opusieron al artículo que proponía una exención del pago de Ganancias al personal, lo que podría significar un impacto de $115.030.000.000 menos en la recaudación para el Tesoro. «Como lo dijo el presidente, se va a rechazar todo porque no hay plata», subrayaron desde el Gobierno en cuanto a la estimación del impacto presupuestario que significaría el proyecto, estimado en $65.573 millones.
El proyecto nació a raíz de los incesantes reclamos por parte del personal del Hospital Garrahan, que exigía una ley de emergencia pediátrica para abastecer al hospital de los recursos necesarios para funcionar correctamente y actualizar los haberes de los trabajadores. El personal exigía la asignación «prioritaria e inmediata» de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento, medicamentes y tecnología médica.
