El Senado de la Nación, con 39 senadores presentes, dio quórum para tratar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia de Discapacidad. Luego de su media sanción en Diputados, la oposición se prepara para tumbar, por primera vez en la gestión libertaria, esta decisión contra el aumento de presupuesto en el área y la actualización de aranceles para sus trabajadores. Además, el Senado tratará un proyecto para modificar el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Fue el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdalá, quien habilitó la sesión a las 11:11 hs, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel ocupa el cargo del Ejecutivo por encontrarse este en viaje hacia Estados Unidos. La discusión se desarrollará en un clima tenso atravesado por el escándalo en torno a los audios que involucran al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a figuras clave del Ejecutivo.
La emergencia en discapacidad -aprobada en julio de este año- garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas). Además, restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50). En tercer lugar, aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad. Por falta de actualizaciones, empleados cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
Cuestiones de privilegio
La primera en ofrecer su cuestión de privilegio fue la legisladora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), quien expresó su preocupación por el pedido de allanamiento a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial. En este sentido, acusó a Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de «querer tapar los hechos de corrupción». Además denunció censura previa y vulneración de la libertad de expresión.
El senador chubutense Carlos Linares (Unión Ciudadana) también elevó una cuestión de privilegio contra Bullrich por vulnerar las relaciones diplomáticas entre Rusia y Argentina. Hace unos días, la funcionaria afirmó que la filtración de audios se realizó gracias a una «operación de inteligencia ilegal» operada por «servicios de inteligencia rusos y venezolanos».
En tanto, Martín Lousteau (UCR) anticipó su rechazo al veto presidencial. «El veto es una enorme inmoralidad porque mientras se ajusta a los que más necesitan se les está robando”, argumentó.
