La crisis energética en Argentina vuelve a quedar en evidencia. Según un informe de Cammesa, la red de transmisión eléctrica enfrenta un riesgo crítico de colapso si no se concretan inversiones urgentes por al menos 6.500 millones de dólares. Las obras necesarias para el sistema fueron señaladas desde los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei, pero ninguna gestión logró ejecutarlas por falta de financiamiento.
El diagnóstico es contundente: los principales cuellos de botella se concentran en tres zonas estratégicas. En Cuyo, se requiere la línea de 500 kW Río Diamante–Charlone–O Higgins; en la Patagonia, la ampliación de la línea Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca; y en el Área Metropolitana, que concentra el 40% de la demanda, una nueva estación transformadora en Plomer y más de 500 kilómetros de tendido entre Ezeiza, Vivoratá y Atucha. Esta última obra, valuada en 1.100 millones de dólares, es considerada la más sensible.
El propio informe de Cammesa advierte que los picos de demanda del verano o invierno ya no pueden garantizarse con la infraestructura actual. La advertencia se repite desde hace más de una década: la red de alta tensión no creció al ritmo de la demanda, y la generación de electricidad tampoco puede expandirse si no hay capacidad de transporte.
Fracasos acumulados
Los sucesivos gobiernos coincidieron en la necesidad de estas inversiones, pero ninguno logró materializarlas. En 2019, el macrismo intentó avanzar bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP), pero la crisis financiera y el riesgo país frustraron el proyecto. Luego, el kirchnerismo buscó financiamiento chino para avanzar con la línea del área metropolitana, pero las negociaciones con empresas y bancos de ese país quedaron en anuncios vacíos.
La actual gestión de Milei busca atraer capitales privados, replicando un esquema similar al PPP, pero con menor involucramiento estatal. La idea es que los futuros concesionarios recuperen la inversión a través de un canon trasladado a las tarifas. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya descartó que el Tesoro adelante pagos para hacer más atractiva la inversión.
Riesgo de apagón
El informe de Cammesa describe un cuadro alarmante:
- Los niveles de reserva operativa son insuficientes para una operación confiable.
- La potencia instalada no alcanza para cubrir los picos de verano.
- El abastecimiento depende de importaciones y de la red troncal, que muestra serias deficiencias.
- En los últimos diez años apenas se sumaron 1.200 kilómetros de líneas de alta tensión, un cuarto de lo que se incorporó en la década previa.
El documento advierte que “las condiciones actuales son incompatibles con una operación confiable del sistema, con el consecuente riesgo de restricciones y energía no suministrada”.
Tarifas y subsidios
La paradoja es que, incluso si las obras se concretaran, los costos volverían a recaer en los usuarios. Los consumidores aún no pagan el costo pleno de la electricidad por los subsidios heredados del kirchnerismo, lo que anticipa fuertes aumentos en el corto plazo. Sobre esa base incrementada, deberían aplicarse nuevos cargos para financiar los tendidos que nunca se hicieron.
La política de “patear el problema hacia adelante” dejó a la Argentina frente a un riesgo estructural: más demanda de energía, pero una red incapaz de soportarla.
