El Senado de la Nación se prepara para debatir hoy el rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Los bloques opositores tienen los votos suficientes para insistir con la sanción original, lo que dejaría sin efecto la decisión de Javier Milei. Frente a este escenario, el Gobierno ya alista una estrategia judicial para impedir que la norma entre en vigencia.
Milei había anticipado esta jugada semanas atrás. En una entrevista con El Observador, sostuvo: “Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero”. Según el Presidente, la ley “viola la restricción financiera” porque incrementa el gasto sin especificar de dónde saldrán los recursos para cubrirlo.
En ese sentido, las áreas técnicas del Ejecutivo trabajan en la redacción final de la presentación judicial. El planteo se apoyará principalmente en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. Esa norma establece que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe detallar de manera expresa las fuentes de financiamiento.
El impacto económico y los argumentos oficiales
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la ley representa entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Sin embargo, aclaró que no incluyó efectos complementarios que podrían elevar esa cifra. Bajo ese marco, en la Casa Rosada sostienen que el financiamiento de las medidas no está contemplado ni en el presupuesto vigente ni en el proyectado para el próximo año.
El Gobierno pretende ganar tiempo y evitar comprometer el objetivo de déficit cero. “No les dan los tiempos para causar daño, no tienen tiempo para causar daño”, había afirmado Milei en referencia al avance opositor. Un funcionario de alto rango que sigue el tema confirmó a Infobae que el Ejecutivo analiza “ampliar la argumentación”, aunque insistió en que el artículo 38 será la base del reclamo judicial.
Al mismo tiempo, el vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado que se evaluaba un incremento en las prestaciones para personas con discapacidad, financiado con los ahorros generados por la baja de pensiones por invalidez mal otorgadas. No obstante, reconoció que la revisión de expedientes avanza con demoras, por lo que el aumento no sería significativo.
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
La normativa declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispone una serie de medidas para garantizar derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Entre ellas, la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, la regularización de pagos y beneficios tributarios para prestadores. También contempla compatibilizar las pensiones con el empleo formal hasta un tope salarial.
La iniciativa promueve además el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y la obligación del Ejecutivo de informar al Congreso sobre la ejecución presupuestaria. El Senado había aprobado el proyecto en julio con 56 votos a favor y ninguno en contra, mientras que Diputados rechazó el veto de Milei el 20 de agosto con una amplia mayoría.
Si la Cámara alta ratifica hoy la ley, el Gobierno quedará ante un escenario inédito en los últimos 22 años: la caída de un veto presidencial. De inmediato, presentará sus argumentos ante la Justicia para frenar la aplicación de la normativa.
AHORA se trata la insistencia en la Ley de Emergencia en Discapacidad ?? https://t.co/bpdpoEg0fM
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 4, 2025
