El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero al mismo tiempo dejó en suspenso su aplicación hasta que el Congreso incorpore los créditos presupuestarios y las fuentes de financiamiento correspondientes.
La decisión se oficializó mediante el Decreto 681/2025, que invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, los cuales establecen que toda norma con impacto fiscal queda paralizada hasta contar con partidas específicas.
El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el pasado 15 de septiembre y que será en ese marco donde deberán definirse los recursos para ejecutar la nueva legislación.
Antecedentes
La ley había sido vetada en agosto por el Decreto 534/25, pero el Congreso insistió con los dos tercios necesarios, primero en Diputados (20/8) y luego en el Senado (4/9). El 8 de septiembre, el texto fue remitido al Ejecutivo para su promulgación, que finalmente se concretó aunque con la suspensión de su aplicación.
Lo que establece la ley
La norma declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 (con posibilidad de prórroga por un año). Entre sus puntos centrales:
- Crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización previsional y compatibilidad laboral hasta dos salarios mínimos.
- Garantiza cobertura médica a través del Programa Incluir Salud y de la Ley 24.901.
- Declara de interés público los servicios de los prestadores y fija una compensación de emergencia por la brecha arancelaria 2023-2024, además de un sistema de aranceles únicos con movilidad mensual.
- Extiende por tres años la exención del 50% en contribuciones patronales a empleadores que contraten personas con discapacidad.
- Refuerza las funciones de la ANDIS y obliga a presentar informes anuales de ejecución.
El costo fiscal
Según cifras oficiales, la implementación de la ley representaría:
- PNC por Discapacidad: $2,16 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $4,7 billones en 2026 (0,47%).
- Programa Incluir Salud: $574.200 millones en 2025 (0,07% del PBI) y $1,23 billones en 2026 (0,12%).
- Compensación a prestadores: $278.323 millones (0,03% del PBI).
En total, la necesidad de financiamiento asciende a $3,01 billones en 2025, lo que equivale al 0,35% del PBI. El crédito disponible sin afectar “Servicios Sociales” se calcula en $2,3 billones, insuficiente para cubrir la totalidad de la norma.
Lo que queda en pausa
Hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias, no se podrán poner en marcha:
- Nuevas altas y conversiones de la PNC por Discapacidad.
- La compensación a los prestadores de la Ley 24.901.
- La ampliación de beneficiarios en el Programa Incluir Salud.
- Las auditorías y metas de transparencia de la ANDIS.
Con esta decisión, el oficialismo busca dar cumplimiento formal al mandato parlamentario, pero sin comprometer recursos hasta que quede definido el Presupuesto 2026.
