El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó la movilización convocada para este mediodía frente al Congreso, en rechazo al veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario, y acusó a las autoridades académicas de manipular la protesta con fines políticos.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario denunció que “45 de los 65 rectores cobran entre 10 y 15 millones de pesos” y que muchos de ellos “se asignan incrementos por encima de la inflación, desviando partidas que deberían ir a otras áreas”. Según su visión, los reclamos buscan “instalar una sensación de desgobierno para desgastar al Ejecutivo y mejorar resultados electorales”.
Álvarez reconoció la crisis heredada del gobierno de Sergio Massa, pero insistió en que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia se avanzó en recomposiciones salariales para docentes y no docentes, “por encima del promedio de todo el sector público”.
Además, arremetió contra la conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, en particular, contra el vicerrector Emiliano Yacobitti, a quien ubicó “a la cabeza de una movilización con motivaciones políticas más que educativas”.
En diálogo con el programa Esta Mañana, Álvarez fue más allá y calificó de “terrorismo” las denuncias sobre desfinanciamiento:
“Eso es lisa y llanamente sembrar miedo en la población. Lo hacen para instalar la idea de que hay caos y que las universidades no tienen recursos”.
El subsecretario aseguró que se otorgaron ampliaciones presupuestarias a distintas casas de estudio, mencionando que la UBA recibió más de 80 mil millones de pesos extra en lo que va del año. También destacó la eliminación del decreto que habilitaba a las universidades a contratar como si fueran organismos del Estado, celebrando que la mayoría ya registra compras en el portal oficial Comprar, “salvo la UBA, que no exhibe su sistema de adquisiciones”.
De cara a la sesión de Diputados, Álvarez planteó que la marcha convocada para las 14 “está totalmente politizada” y advirtió que dirigentes opositores buscan usar la protesta como herramienta para “forzar la caída del Gobierno”.
