La fiscalía de Brasil acusó a Eduardo Bolsonaro por “coacción” en el marco del juicio por golpismo contra su padre. Según informó la AFP, el diputado operó desde Estados Unidos para promover sanciones que presionaran al sistema judicial brasileño. La imputación coincide con nuevas represalias de Washington que tensan la relación bilateral.
La fiscalía general de Brasil imputó este lunes a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por maniobras de presión vinculadas al juicio contra su padre. El legislador, que reside en Estados Unidos desde hace meses, fue acusado de “coacción” por intentar condicionar a la justicia brasileña a través de sanciones internacionales.
El organismo sostuvo que Eduardo Bolsonaro “buscó reiteradamente subordinar los intereses de Brasil y de toda la sociedad a su propia agenda personal y familiar”. Según el expediente, amenazó a jueces y funcionarios con conseguir represalias de Washington si el proceso contra su padre no terminaba a su favor.
Coincidencia con sanciones de EE.UU.
La acusación se conoció el mismo día en que el gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas punitivas contra Brasil. Washington sancionó a Viviane Barci, esposa del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien presidió el juicio contra Jair Bolsonaro. También fue alcanzada la consultora Lex – Instituto de Estudios Jurídicos, controlada por Barci y otros familiares.
Las sanciones, aplicadas bajo la Ley Magnitsky, impiden que las personas o entidades involucradas realicen transacciones con empresas o ciudadanos estadounidenses. Moraes calificó la decisión como una violación de la soberanía brasileña y de la independencia judicial.
Escalada diplomática
En paralelo, Estados Unidos revocó la visa de varios altos funcionarios, entre ellos el defensor general del Estado, Jorge Messias, y exmiembros del poder judicial que tuvieron vínculos con el proceso contra Bolsonaro. Messias aceptó la medida sin ofrecer mayores comentarios, mientras que otros afectados evitaron pronunciarse públicamente.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, justificó las medidas acusando a Moraes de “censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados”. El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esas críticas y habló de “graves abusos contra los derechos humanos” en Brasil.
Reacciones en Brasil
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva expresó “profunda indignación” por lo que consideró un nuevo acto de injerencia estadounidense. En un comunicado, la cancillería denunció que estas sanciones agravan la crisis diplomática entre las dos democracias más grandes del continente.
Desde su cuenta en X, Eduardo Bolsonaro rechazó la imputación y vinculó el proceso a las represalias estadounidenses. “Esto subraya que la persecución política continúa. Pero es una pérdida de tiempo: no nos dejaremos intimidar”, escribió.Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguraron a la AFP que estas sanciones no serán las últimas, lo que deja abierta la posibilidad de una escalada mayor en la relación entre Washington y Brasilia.
