El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrenta una ofensiva política en el Congreso por la forma en que el Ejecutivo reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad. En las últimas 24 horas, bloques opositores como Encuentro Federal, Coherencia y Fuerza Patria presentaron proyectos de ley para interpelarlo y avanzar con una moción de censura, amparados en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Según fuentes legislativas, el debate podría derivar en la primera remoción de un funcionario de este rango desde la reforma de 1994.
La disputa se originó a partir del Decreto 681/2025, considerado nulo e ilegal por los autores de los proyectos, que denuncian el incumplimiento de leyes vigentes y la falta de asignación de partidas presupuestarias. Entre los firmantes de la moción figuran dirigentes de peso como Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Marcela Pagano, Germán Martínez, José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti.
Frente a este escenario, Francos sostuvo que no evade responsabilidades y afirmó: “Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré”. Sin embargo, la oposición considera que el Ejecutivo no puede condicionar la aplicación de la ley al financiamiento que disponga el Parlamento, sino que es el propio jefe de Gabinete quien debe reasignar recursos.
Debate por el financiamiento y acusaciones cruzadas
La controversia gira en torno a la interpretación del presupuesto. Para el oficialismo, el Congreso debe indicar el origen de los fondos, mientras que la oposición insiste en que la obligación recae directamente sobre el jefe de los ministros. “Las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, señaló el diputado Oscar Agost Carreño.
En la misma línea, Germán Martínez cuestionó que el Gobierno argumente falta de recursos para discapacidad. Cuando, según él, al mismo tiempo redujo retenciones al agro hasta el 31 de octubre. “Para ellos sí hay plata”, remarcó.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro subrayó que la normativa es clara. De esa manera, aclaró: “El Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse ni agregar pasos que el Congreso no aprobó”.
De esa manera, la disputa no solo pone en jaque la gestión de Francos. También abre un debate institucional sobre los límites del Poder Ejecutivo frente a una ley aprobada por mayoría parlamentaria.
Riesgo de un hecho inédito
Hasta el momento, no existen antecedentes de mociones de censura aplicadas en la Argentina desde la reforma constitucional de 1994. No obstante, el reglamento establece que, si prospera, puede significar la remoción del funcionario. Para alcanzar este objetivo se necesita mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.
En ese marco, la oposición confía en reunir los números necesarios para avanzar con la medida. Sin embargo, el proceso aún debe superar varias instancias, desde el debate en comisiones hasta la votación en los recintos.
EL GOBIERNO ROMPIÓ EL ESTADO DE DERECHO
— Oscar Agost Carreño (@oagost) September 22, 2025
Junto con diputados de nuestro bloque pedimos la interpelación y moción de censura al Jefe de Gabinete.
?? Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
?? Por dictar decretos nulos e inconstitucionales.
?? Por no reasignar… pic.twitter.com/FoPFUI3Nue
