El presidente Javier Milei explicó por qué la Ley de Emergencia en Discapacidad, a pesar de haber sido promulgada por el Congreso, aún no está en vigencia. En diálogo con Antonio Laje por A24, sostuvo que la norma “nació con un defecto central”: la ausencia de una fuente de financiamiento clara.
“El problema es que no se especifica de dónde provienen los fondos. Cuando el Congreso aprueba un gasto, debe indicar cómo se va a cubrir. Al no hacerlo, incumple un principio básico de la gestión pública”, remarcó el mandatario.
El jefe de Estado desligó al Poder Ejecutivo de la responsabilidad por la demora y trasladó la carga al Parlamento. “No es un problema del Gobierno nacional, es un error legislativo. Se aprobó una ley sin definir su financiamiento”, sentenció.
Consultado sobre su rol en políticas sensibles, como la atención a personas con discapacidad, Milei defendió el rumbo de su administración. Aseguró que su meta es duplicar o triplicar las pensiones de quienes realmente las requieren, pero subrayó que primero es indispensable una auditoría del sistema.
“Detrás de estos reclamos hay maniobras políticas y curros disfrazados de causas nobles. Cuando asumimos había 1.200.000 pensiones, pero en 2003 eran apenas 70.000. Hoy deberían rondar las 100.000. La diferencia es escandalosa”, expresó.
El Presidente confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está intervenida y que se llevan adelante controles para depurar el padrón. “La prioridad es ahorrar recursos donde no corresponden y dirigirlos a quienes de verdad los necesitan”, concluyó.
