El presidente Javier Milei analiza firmar un nuevo decreto para evitar cumplir con el aumento en las partidas destinadas a discapacidad, en una decisión que genera fuertes controversias en la previa del envío del Presupuesto 2026 al Congreso. En un principio, se esperaba que la medida fuese judicializada, pero la estrategia oficial apunta ahora a trasladar esa responsabilidad a los particulares.
El Gobierno considera que el incremento tendría un fuerte impacto fiscal que comprometería el objetivo de mantener el superávit financiero. En ese marco, la Casa Rosada sostiene que no está dispuesta a habilitar gastos adicionales sin una fuente clara de financiamiento que los respalde.
Para reforzar la defensa legal de la decisión, el Ejecutivo conformó un equipo técnico encabezado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Ambos, junto con abogados especializados en derecho administrativo, buscan blindar jurídicamente la postura presidencial antes de que el debate llegue al Parlamento.
Uno de los pilares de la argumentación oficial, según Radio Mitre, es el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. El Gobierno interpreta este punto como una herramienta para frenar cualquier intento de avanzar con aumentos que, según Milei, pondrían en jaque la estabilidad macroeconómica.
La estrategia de la Casa Rosada consiste en que los reclamos por parte de los afectados se canalicen a través de la vía judicial, en lugar de asumirlos de manera directa. De esa forma, el Ejecutivo gana tiempo político y evita que el tema impacte de lleno en la discusión parlamentaria del Presupuesto 2026, donde se anticipa un debate áspero con la oposición.
El trasfondo de la decisión expone el delicado equilibrio que enfrenta el oficialismo: sostener el ajuste fiscal y el superávit como banderas centrales de su programa económico, aun cuando eso signifique avanzar con medidas que afectan a sectores vulnerables. La discusión promete ser uno de los ejes más calientes de la agenda política en los próximos meses.
