El llamado juicio por YPF es una de las causas internacionales más gravosas para la Argentina. Una sentencia adversa podría significar el embargo de reservas estratégicas, la entrega de activos clave y la condena de generaciones enteras a pagar por una maniobra que tuvo origen en la estatización impulsada por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Julio De Vido en 2012.
Ahora, una nueva estrategia toma forma. Los gobernadores de Mendoza (Alfredo Cornejo), Chubut (Ignacio Torres) y Santa Cruz (Claudio Vidal) trabajan para presentar una denuncia penal en los Estados Unidos, apuntando directamente contra la familia Eskenazi y el Grupo Petersen, cuyo ingreso a la petrolera en 2007 derivó en la posterior quiebra y en la cesión de derechos litigiosos al fondo Burford Capital.
El plan de las provincias
Los mandatarios, que cuentan con acciones Clase B en YPF por ser socios en la ley de privatización, buscan demostrar ante el Departamento de Justicia que la compra de Petersen escondió maniobras fraudulentas. La jugada, aseguran, podría suspender la causa civil en la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska mantiene la presión para que la Argentina entregue acciones de YPF como garantía de pago de la condena, estimada en US$16.000 millones.
Según fuentes cercanas, Cornejo, Torres y Vidal ya contactaron a sus pares Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) para sumar apoyos. “Somos socios y nuestros derechos están siendo afectados”, dijo uno de ellos en diálogo con los medios.
La sombra de los Eskenazi
La operación original se concretó en 2007, cuando el Grupo Petersen adquirió el 15% de YPF con opción a otro 10%, financiando la compra con los dividendos de la propia petrolera. Un modelo de altísimo riesgo que terminó en la quiebra del grupo y en la venta del pleito al fondo buitre Burford.
La expropiación de 2012, firmada por Cristina Kirchner mediante un DNU y luego sancionada por ley, consolidó la intervención estatal, pero dejó sin indemnización a los socios minoritarios. Kicillof negoció con Repsol un pago de US$5.000 millones, mientras que los Eskenazi. Luego, sin recursos para sostener la operación, quedaron con las manos vacías y con el litigio en marcha.
La sospecha de los gobernadores es que aquella compra no solo fue irresponsable, sino también fraudulenta, al no contar con respaldo financiero genuino y encubrir un entramado de favores políticos.
EE.UU., la clave
El paso a la justicia penal estadounidense no es menor: el Departamento de Justicia y el FBI tienen entre sus misiones combatir delitos de cuello blanco y fraudes corporativos. Una investigación en ese nivel pondría bajo la lupa a los protagonistas de la trama desde 2007 hasta la expropiación kirchnerista. Un escenario inédito para la política argentina.
Mientras tanto, la Procuración del Tesoro busca frenar en el plano civil la entrega de acciones. Argumenta que las participaciones del Estado están protegidas por la inmunidad soberana y que la ley de expropiación exige aprobación del Congreso para cualquier transferencia.
Una jugada política y geopolítica
El timing no es casual. La Casa Blanca de Donald Trump mantiene una relación estrecha con Javier Milei. En consecuencia, ve en la Argentina un caso testigo en la región para limitar la influencia de China y reforzar los lazos energéticos. Una denuncia penal de las provincias alinearía el caso YPF con esa agenda, dejando al descubierto a los responsables internos del desastre.
Si el Departamento de Justicia acepta abrir el caso, el proceso podría convertirse en un “FIFAgate petrolero”. Obligando a exfuncionarios y empresarios a rendir cuentas en suelo norteamericano. Para el kirchnerismo, significaría quedar en el banquillo de los acusados por la maniobra que generó la condena más onerosa de la historia argentina.
