La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, realizó una presentación judicial para desistir de la medida cautelar que prohibía difundir sus audios en medios y redes. El escrito fue entregado al juez Patricio Maraniello y planteó que la medida «no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores».
La hermana del presidente señaló que «se trata de audios obtenidos ilegalmente los cuales además están manipulados y editados con una finalidad propio de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia». La funcionaria buscó dejar claro que la difusión de ese material se trató de una operación política y no de un ejercicio legítimo de libertad de expresión.
En el escrito, remarcó: «La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente. Es decir, jamás la libertad de prensa puede alentar, promocionar y difundir la comisión de delitos como base para la obtención de información». En la misma línea, sostuvo: «Eso no es libertad de prensa, eso es un atentado contra la democracia y sus valores más básicos».
El documento al que accedió TN explicó que la decisión de levantar la cautelar se vincula con la publicación previa de los audios en medios extranjeros, donde «el contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la cuenta actualmente». Según Karina Milei, esa situación tornó abstracta la medida. «A esta altura, entiendo además que la propia medida cautelar ha devenido abstracta», concluyó en el escrito.
Los audios prohibidos de Karina Milei
Cabe recordar que el juez Maraniello, el pasado 1 de septiembre, había ordenado la prohibición de difundir los audios en el marco de una causa por presunta operación de inteligencia ilegal. Esa causa señalaba que la maniobra constituía «un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia», además de tratarse de «una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520».
Según la denuncia original, los hechos investigados involucraban espionaje ilegal, edición clandestina de audios y posterior difusión con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas. En la denuncia, incluso se advertía que las grabaciones podrían haberse realizado dentro de la propia Casa Rosada, lo que sumaba gravedad institucional. Uno de los epicentros señalados fue el canal de streaming Carnaval, donde el periodista Mauro Federico afirmó disponer de «más de cincuenta minutos de audios» de Karina Milei y anticipó que serían difundidos progresivamente.
