La oposición rechazó la creación de una mesa política nacional y federal tras la derrota electoral del Gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. El anuncio, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, generó críticas de dirigentes políticos y sindicales, que advirtieron sobre la falta de un rumbo económico.
Reclamos desde el arco político opositor
El diputado nacional Esteban Paulón aseguró que el presidente “simula cambios”, pero que su gestión se encuentra condicionada por la influencia de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. “Imposible prescindir de quien es indivisible de él, ‘el jefe’. Lo demás es sarasa: mesa de gobernadores y volver a centrar en la política y no en la economía. Sin rumbo el Javo”, escribió en redes sociales.
Desde la izquierda, el legislador porteño Gabriel Solano ironizó con una metáfora: “Milei se puso una mueblería: tres mesas para que no cambie nada”. Además, cuestionó la presencia de Karina Milei, recordando las denuncias por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Rechazo gremial a la mesa de diálogo federal
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, también apuntó contra la medida oficial. “Es inaceptable que esta sea la respuesta tras perder las legislativas”, sostuvo. Según el dirigente, la conformación de una mesa política no resolverá las dificultades de trabajadores y jubilados para llegar a fin de mes.
Aguiar advirtió que los estatales no están dispuestos a seguir soportando lo que consideró un “accionar negligente” del Gobierno de Javier Milei y anunció que se declaran en “alerta y asamblea permanente”. Además, lanzó una advertencia a los mandatarios provinciales: “¿Y ahora los gobernadores qué van a hacer? Ojo, esta vez serán cómplices de garantizar impunidad a una banda de delincuentes”.
En este escenario, la creación de una mesa política nacional y una mesa federal expuso nuevamente la tensión entre el Ejecutivo y los distintos sectores de la oposición. Para los críticos, la iniciativa refleja la ausencia de un plan económico concreto que permita superar la crisis.
