El sistema previsional argentino enfrenta una realidad difícil de ignorar: después de dos décadas de vigencia, las moratorias representan la base sobre la cual se sostienen millones de jubilaciones en todo el país. Un informe de la Subsecretaría de Seguridad Social reveló que, en promedio, el 68,6% de las jubilaciones actuales otorgadas por la ANSES se obtuvieron a través de este mecanismo excepcional.
En algunas provincias del norte, la dependencia es aún mayor: en Formosa, el 90,4% de los beneficios se concedieron con moratoria, mientras que en Chaco la cifra alcanza el 86,6%, en Misiones el 83,2% y en Corrientes el 82%. En contraste, en jurisdicciones como La Rioja, el índice desciende al 47,4%, aunque sigue siendo alto en términos relativos.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de jubilados del país y también lidera en número absoluto de moratorias. Allí, el 72% de las prestaciones vigentes corresponden a personas que no habían completado los 30 años de aportes. En términos de género, la diferencia es aún más marcada: el 84,5% de las mujeres jubiladas lo hicieron con plan de pagos, mientras que en los varones la proporción desciende al 50,4%.
Según las cifras oficiales, de los 2.218.105 beneficios que paga ANSES en territorio bonaerense, 1.596.487 corresponden a jubilaciones con moratoria. Ese volumen representa cuatro de cada diez pesos destinados a estos planes en todo el país. Solo en mayo, la Anses desembolsó $575.250 millones para cubrir esas prestaciones.
Nuevas altas y fin de un ciclo
Durante el primer semestre de 2025, de las 181.549 jubilaciones otorgadas, 129.679 —es decir, el 71,4%— se consiguieron a través de moratoria. Incluso en el caso de las pensiones por fallecimiento, la mitad requirió este esquema para acceder al beneficio.
Aunque el plan de regularización previsto en la ley 27.705 perdió vigencia el 23 de marzo, su impacto aún no se refleja en las estadísticas, dado que la mayoría de las solicitudes en curso se hicieron cuando estaba vigente. Paralelamente, continúan funcionando esquemas anteriores como la moratoria de la ley 24.476, que permite cancelar aportes previos a 1993.
El mapa previsional
Además de Buenos Aires y las provincias del norte, otros distritos con altos niveles de jubilaciones por moratoria son Entre Ríos (75,2%), Córdoba (74,3%), Santa Fe (71,6%), La Pampa (71,1%) y Neuquén (70,5%). En la Ciudad de Buenos Aires, la participación de estos beneficios es menor, aunque significativa: el 52,4% del total.
El fenómeno muestra una diferencia marcada por género. En Formosa, el 95,4% de las mujeres jubiladas accedió por moratoria, frente al 81,6% de los varones. Este patrón se repite en casi todas las provincias, reflejando la mayor informalidad laboral que sufrieron históricamente las trabajadoras.
Impacto económico y haberes
El haber medio de una jubilación con moratoria se ubica en $367.005, frente a los $891.447 de quienes completaron sus aportes. El promedio general, con el bono incluido, alcanza los $512.889. La diferencia se explica en parte por los descuentos mensuales aplicados a las cuotas de la moratoria, que reducen el ingreso neto durante varios años.
Según la estadística oficial, el 88% de los jubilados que hoy cobran el haber mínimo más el bono accedió a través de moratorias: 2.634.192 sobre un total de 2.989.306. Esto refleja que, en la práctica, los ingresos más bajos del sistema se concentran en este segmento.
Origen y alternativas
Las moratorias surgieron en 2005 con fines recaudatorios y como una vía de inclusión para quienes habían quedado fuera del sistema. Sin embargo, lejos de ser un mecanismo transitorio, se consolidaron como la regla de acceso a la jubilación en Argentina.
En la actualidad, las alternativas vigentes para quienes no reúnen los 30 años de aportes incluyen la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber mínimo, y el plan de unidades de cancelación de aportes para trabajadores en actividad, previsto también en la ley 27.705.
A pesar de estas opciones, la informalidad laboral sigue siendo el gran desafío pendiente. El plan de blanqueo implementado en 2024 regularizó apenas a 16.703 trabajadores, lo que representa apenas el 0,3% de los más de 5 millones de asalariados informales que estima el Indec.
Una deuda estructural
A dos décadas de su implementación, el esquema previsional basado en moratorias refleja tanto la incapacidad de corregir la informalidad laboral como la falta de un diseño que contemple aportes proporcionales. La pregunta de fondo sigue siendo la misma. Cómo garantizar sustentabilidad y equidad en un sistema que depende cada vez más de planes excepcionales para sostener derechos básicos.
