El artículo 73 del Presupuesto 2026 elimina los artículos clave de la Ley 27.160, que garantizan la movilidad automática de las Asignaciones Familiares. Esto significa que los beneficios —como la Asignación por Hijo, la AUH, la prenatal o la escolar— dejarían de ajustarse por inflación y pasarían a depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo.
El abogado previsional Aníbal Paz explicó que esta modificación permitiría al Gobierno “hacer correr las asignaciones por debajo de la inflación, para lograr un ajuste”. En otras palabras, el valor de la AUH y de las demás prestaciones podría quedar congelado durante meses, mientras los precios continúan en alza.
El antecedente: subas limitadas y discrecionales
En diciembre de 2023, la Asignación por Hijo era de $20.661. En agosto de 2025 llegó a $56.475 (+173,3%), mientras que la AUH trepó a $112.942 (+446,6%), tras un aumento otorgado por decreto en 2023. Este esquema, basado en decisiones puntuales del Ejecutivo, explica parte de la reducción de la pobreza en familias informales, pero también revela el carácter discrecional del beneficio.
Hasta ahora, la AUH y las Asignaciones se actualizan por inflación vía DNU 274/24. Con el Presupuesto 2026, esa garantía desaparece, dejando a millones de familias en manos de la voluntad política del gobierno de turno.
Menos beneficiarios y más exclusión
El régimen de Asignaciones Familiares alcanzaba a 10,4 millones de personas en noviembre de 2023. En mayo de 2025, la cifra bajó a 9,4 millones. De ese millón menos, la mayor caída se concentró en trabajadores formales: la Asignación por Hijo para asalariados registrados pasó de 3,9 millones de beneficiarios a 2,9 millones.
La reducción no fue casual. El Gobierno bajó los topes de ingreso familiar para acceder al beneficio: en diciembre de 2023 el límite era de $3.960.000, y en marzo de 2024 se redujo a $2.154.806. Esa decisión dejó fuera a cientos de miles de familias trabajadoras, a lo que se sumó la caída del empleo formal.
El efecto en la clase media y el impuesto a las Ganancias
Para quienes superan el tope de ingresos y no pueden cobrar asignaciones, el alivio está en las deducciones del Impuesto a las Ganancias. Un trabajador con un hijo tiene un mínimo no imponible de $2.520.530 brutos, mientras que sin hijos es de $2.329.750. Esta mecánica genera un esquema regresivo: las familias que menos tienen dependen de la discrecionalidad del Ejecutivo, mientras que las de mayores ingresos cuentan con beneficios fiscales más claros.
El debate ahora se centra en el Congreso, donde el oficialismo deberá defender un proyecto que, según los especialistas, no solo reduce la cobertura de la seguridad social, sino que abre la puerta a un ajuste silencioso en las prestaciones que reciben millones de chicos, madres y trabajadores.
