El Senado de la Nación rechazó el veto de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2026. La decisión fue celebrada por gobernadores y legisladores de la oposición. Destacaron que protege los derechos de un sector vulnerable de la sociedad argentina.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, agradeció a los senadores y aseguró que la votación fue “un triunfo de nuestra democracia”. Destacó el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y reafirmó el compromiso con las personas con discapacidad y sus familias.
Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, definió la votación como “otro paso para recuperar derechos”. Para él, la medida frena políticas de ajuste hacia los sectores más vulnerables. Ricardo Quintela, de La Rioja, sostuvo que el rechazo al veto reflejó la voz del pueblo. Criticó al gobierno de Milei por favorecer a los más ricos en lugar de atender las necesidades urgentes de los ciudadanos.
Apoyo de legisladores peronistas y radicales
Mariano Recalde, senador de Unión por la Patria, celebró que el Congreso frenara la medida y recordó que la defensa de la ley continúa tanto en las urnas como en la calle. Anabel Fernández Sagasti afirmó que con el rechazo del veto “ganaron los derechos, perdió el ajuste”.
Desde la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau y Maximiliano Abad apoyaron la ley y aseguraron que protege a los más vulnerables. Consideraron que el veto presidencial fue un error. Alejandra Vigo, senadora por Córdoba, resaltó la importancia de un Estado presente y de políticas públicas para las personas con discapacidad. Señaló que la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene un costo fiscal bajo, pero un impacto vital para las familias.
Quienes apoyaron mantener el veto fueron Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto, junto a la bullrichista Carmen Álvarez Rivero. Sin embargo, no lograron revertir la decisión del Senado.
Ahora, el Gobierno deberá replantear su estrategia para impedir que la ley sea promulgada. Evalúa posibles denuncias contra la oposición, alegando que faltan fondos para ejecutar las políticas públicas aprobadas.
Con el rechazo definitivo, el Senado reafirmó su rol como garante de los derechos de las personas con discapacidad. La medida también marcó un golpe simbólico para Javier Milei, mostrando la resistencia política frente a sus decisiones de ajuste.
