El escándalo desatado por la filtración de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, generó un fuerte cimbronazo puertas adentro del oficialismo y derivó en medidas inmediatas para reforzar la seguridad en la Casa Rosada. Según trascendió, el Gobierno dispuso cambios en los protocolos de control que aplica Casa Militar, con el objetivo de prevenir que situaciones similares vuelvan a repetirse.
A partir de ahora, los salones donde se celebren reuniones oficiales serán sometidos a barridas electrónicas para detectar dispositivos ocultos de grabación, y se pedirá a los asistentes que dejen sus teléfonos celulares antes de ingresar a los encuentros. Este esquema de seguridad ya regía para las audiencias del presidente Javier Milei, pero desde esta semana se aplicará también en el despacho de su hermana Karina y en las reuniones de gabinete.
En el entorno presidencial admiten que la principal preocupación no es solo la filtración en sí, sino el daño en la credibilidad institucional que podría implicar que mandatarios extranjeros imaginen que fueron grabados durante sus visitas oficiales a Casa Rosada. Por eso se decidió endurecer los controles de manera inmediata.
El Gobierno calificó la difusión de las grabaciones como una «operación de inteligencia» y presentó una denuncia judicial. La decisión se tomó en una reunión de la mesa judicial de Balcarce 50, encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo. Allí estuvieron presentes también el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el abogado Santiago Viola; la exsecretaria Belén Stettler; el consultor Manuel Vidal y el vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros
El cierre de campaña de Javier Milei
El tema de la seguridad cobró mayor tensión tras los incidentes ocurridos en la caravana presidencial en Lomas de Zamora, donde se produjeron agresiones contra la comitiva. Ese episodio generó cruces entre Casa Militar y la Policía Federal Argentina, responsables de la custodia del mandatario, con acusaciones cruzadas por fallas en el operativo.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad mantuvo firme su decisión de no reforzar la custodia para el cierre de campaña de La Libertad Avanza previsto en Moreno. Pese al escándalo y a los incidentes recientes, desde la cartera que conduce Patricia Bullrich aseguran que el despliegue previsto seguirá sin modificaciones. «No va a haber ningún refuerzo. La planificación se mantiene igual», afirman fuentes de Nación a TN.
De esta manera, el Gobierno se enfrenta a un doble frente: por un lado, intenta blindar la intimidad de las reuniones en la Casa de Gobierno y garantizar que no se repitan nuevas filtraciones; por otro, enfrenta críticas por mantener sin cambios el dispositivo de seguridad en actos masivos de campaña, donde las tensiones sociales y políticas parecen ir en aumento a medida que se acercan las elecciones.
