La Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró que funcionará en “estado crítico” hasta fin de año. La decisión se tomó tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que profundizó la crisis en el sistema educativo superior. En conferencia de prensa, las autoridades confirmaron un plan de emergencia y una nueva movilización nacional.
El anuncio estuvo encabezado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, junto al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, y su vicepresidente, Franco Bartolacci. Los dirigentes remarcaron que la situación económica de las universidades públicas es “grave y cada vez más incierta”.
Plan de emergencia en la UBA
Gelpi recordó que desde la prórroga del presupuesto 2023 las instituciones educativas atraviesan un escenario complejo. “La falta de una ley genera un vacío normativo. Las universidades desconocen su presupuesto anual y se torna imposible planificar de manera correcta y eficiente”, expresó.
En ese contexto, el rector advirtió que la UBA aplicará un programa de restricción de gastos. “La universidad va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, aseguró. El recorte afectará a servicios básicos, infraestructura y áreas de investigación.
Movilización nacional contra el veto
Las autoridades confirmaron además una nueva Marcha Federal Universitaria. La medida de fuerza se llevará adelante cuando la Cámara de Diputados trate el veto presidencial. “Vamos a expresar en la calle el rechazo a una política que atenta contra el futuro de la educación pública”, señalaron desde el CIN.
Gelpi subrayó que detrás de la crisis presupuestaria se encuentran las funciones esenciales de la universidad. “Hablamos de investigación científica sin recursos, de salud pública que no puede curar, de innovación que nunca llega y de miles de estudiantes sin posibilidades de un porvenir mejor”, afirmó.
El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema universitario sigue escalando. Mientras el Ejecutivo argumenta que no hay fondos suficientes para sostener la ley, las universidades insisten en que el ajuste compromete derechos básicos y la continuidad de proyectos clave para el país.
Con la comunidad educativa en alerta, la disputa por el financiamiento universitario promete marcar un nuevo capítulo en el Congreso y en las calles, donde la UBA y el CIN ya confirmaron que harán sentir su reclamo.
