Victoria Villarruel sorprendió en el Senado con una medida inédita: los senadores que concluyen su mandato en diciembre deberán devolver los despachos y bienes oficiales. El decreto 488/25 cambia una costumbre de años en la Cámara alta. La resolución ya generó tensión en varios bloques.
La resolución firmada por la presidenta del Senado establece que todos los legisladores cuyo mandato finaliza el 10 de diciembre deberán restituir oficinas y mobiliario. El alcance incluye despachos, edificios anexos y todo tipo de recursos asignados durante la gestión.
La Dirección General de Administración quedó a cargo de relevar cada espacio ocupado y verificar la entrega de los elementos. El plazo límite es antes del recambio parlamentario.
La lista de bienes que deberán devolver es extensa: muebles, escritorios, sillas, teléfonos, computadoras, laptops, celulares, tarjetas de acceso, papelería oficial, expedientes y carpetas. Una vez cumplido este proceso, los nuevos senadores electos recibirán la infraestructura ya reasignada.
El impacto político de la decisión de Villarruel
Aunque la disposición parece administrativa, en el Congreso la lectura es política. Por primera vez en muchos años se corta con la práctica de conservar oficinas estratégicas incluso después del final de un mandato.
Fuentes parlamentarias confirmaron que la medida afecta tanto a legisladores oficialistas como opositores. La tensión es mayor en torno a los despachos del edificio central, considerados los más valiosos frente a los anexos.
Con esta resolución, Victoria Villarruel también traslada la gestión de los espacios directamente a la Dirección de Administración, bajo su órbita, reforzando así su control en la Cámara alta.
Un mensaje directo al Congreso
El gesto se interpreta como un mensaje claro en medio de un clima de fricciones políticas. Victoria Villarruel busca dejar asentado que las oficinas y bienes del Senado son patrimonio del Estado, no de los senadores salientes.
El recambio parlamentario de diciembre será la primera prueba de fuego de la resolución. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso se instaló el debate sobre el alcance de esta medida, que rompe con viejas prácticas y consolida la influencia de la vicepresidenta en un Senado marcado por tensiones crecientes.