El Gobierno anunció un aumento de entre el 29% y el 35% en las prestaciones para personas con discapacidad y proetieron previsibilidad. La medida se aplicará en tres etapas entre octubre y diciembre. El objetivo es responder a los reclamos del sector y asegurar la continuidad de los servicios, según informó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Incremento escalonado y alcance de la medida
La Jefatura de Gabinete dispuso la actualización tras la victoria electoral del oficialismo. El ajuste alcanza todas las modalidades y tipos de prestaciones incluidas en el nomenclador nacional. Este documento define los valores que reciben los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad explicaron que el incremento se aplicará de forma escalonada entre octubre y diciembre de 2025. El objetivo es acompañar los aumentos de costos y dar previsibilidad a las instituciones que brindan atención.
El nomenclador nacional sirve como referencia para organismos públicos y privados. Su actualización impacta en el financiamiento de servicios esenciales como rehabilitación, transporte, acompañamiento educativo y atención médica.
Respuesta a los reclamos y contexto judicial
La decisión del Gobierno llega luego de reclamos de familias y organizaciones del sector. Denunciaban una fuerte caída en los fondos destinados a las prestaciones. Desde la ANDIS señalaron que la actualización busca sostener la calidad del servicio y garantizar la continuidad de la atención.
El organismo destacó que los nuevos valores permitirán mantener las tarifas por encima de la inflación estimada para 2026. “Esto aporta estabilidad a las relaciones entre prestadores, obras sociales y el Estado”, indicaron.
El ajuste del nomenclador es clave en el sistema, ya que define los valores que reconoce el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores.
La medida también se da en un contexto judicial. La semana pasada, el Ministerio de Salud acató una orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez. El magistrado dispuso restablecer 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas.
Impacto esperado y perspectivas
Con esta actualización, el Gobierno de Javier Milei busca aliviar la situación de un sector que enfrenta dificultades financieras. Voceros oficiales señalaron que el incremento ayudará a estabilizar la cadena de pagos y a garantizar la atención de miles de beneficiarios.
Los prestadores valoraron la medida, aunque pidieron que los pagos se realicen en tiempo y forma. También reclamaron que las próximas actualizaciones acompañen la inflación real para evitar nuevos desequilibrios.
