La venta de un terreno del Ejército en Palermo, uno de los más codiciados de la Ciudad de Buenos Aires, desató una fuerte controversia política y judicial. El predio, ubicado sobre avenida Cerviño entre Bullrich y Dorrego, dejará de estar bajo la órbita del Regimiento de Infantería 1 Patricios y será subastado este lunes por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) con un precio base superior a 81 millones de dólares.
La oposición busca detener la operación por considerar que se trata de un bien de “valor histórico y militar”. El senador radical Pablo Blanco presentó un proyecto de ley para declarar las tierras “no enajenables”, mientras que el diputado Miguel Ángel Pichetto impulsó un amparo judicial para suspender la subasta.
El predio y la subasta
Hasta agosto, las 4,2 hectáreas formaban parte del patrimonio del Ejército. El Gobierno de Javier Milei las declaró “prescindibles” y habilitó su venta dentro de un paquete de más de 400 inmuebles estatales que serán rematados en los próximos meses.
En ese espacio actualmente funcionan dos hipermercados y un paseo comercial operados por la empresa chilena Cencosud, concesionaria hasta 2026. Según la tasación oficial del Tribunal de Tasación de la Nación, el precio base de venta asciende a U$S 81.757.752, y las cuatro firmas participantes deberán ofrecer un incremento mínimo de 1,2 millones de dólares en cada puja.
Entre las interesadas figuran Consultatio (de Eduardo Costantini), Simali SA (del grupo Sielecki), Gepal SA —vinculada a la familia Coto— y Cencosud, que ya explota el predio.
La reacción política y judicial
El debate escaló rápidamente. En el Senado, el proyecto de Blanco fue aprobado por 56 votos a favor y 4 abstenciones y girado a Diputados. La iniciativa declara al predio del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional y estratégico”.
En paralelo, Pichetto presentó un amparo con medida cautelar para suspender la subasta. Argumentó que “un simple acto administrativo no puede disponer la venta de un bien de interés histórico, cultural y militar”. Según el legislador, la operación “vulnera el deber de tutela del patrimonio estatal”.
La jueza María Alejandra Biotti, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, rechazó el pedido por “falta de legitimación activa”, aunque Pichetto apeló ante la Cámara y adelantó que llevará el caso a la Corte Suprema si es necesario.
El trasfondo de las tierras militares
La discusión reavivó la memoria de los años 90, cuando parte del terreno ya había sido cedida a empresas privadas. Blanco recordó que en 1994 “se inició un proceso de venta y expolio del patrimonio nacional” que afectó a las Fuerzas Armadas. En lugar de recuperar la concesión al finalizar en 2019, explicó, “el Estado la prorrogó hasta 2026 y ahora pretende rematarla”.
El senador radical cuestionó que el Ejecutivo “disponga del patrimonio histórico de la Nación como si se tratara de un activo financiero”. Y advirtió que existen otros 450 inmuebles que el Gobierno libertario evalúa subastar, 44 de ellos en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los antecedentes, el Ejecutivo ya concretó la venta de un estacionamiento militar en Las Cañitas, también del Ejército Argentino. Y adquirido en mayo por Costantini por 21 millones de dólares, tras partir de una base de 15 millones.
Para la Casa Rosada, los bienes desafectados “no son estratégicos” y pueden generar ingresos extraordinarios. Para la oposición, la medida constituye “una privatización encubierta” de espacios históricos.
En la zona, además del Regimiento Patricios, funcionan el Hospital Militar y la Escuela Superior de Guerra. Además, el Regimiento de Granaderos a Caballo y sedes del Instituto Geográfico Nacional, lo que refuerza el valor simbólico del predio.
