El fiscal federal Mario Villar rechazó la presentación de la expresidenta Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez para trasladar la ejecución del decomiso de bienes dispuesta en la Causa Vialidad al fuero Civil y Comercial. En su dictamen, solicitó al Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) que avance con la medida y mantenga el proceso en el ámbito penal, al considerar que se trata de una herramienta del Estado para eliminar los beneficios económicos obtenidos de manera ilícita.
«El decomiso busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita, que podrían incentivar nuevos delitos», señaló Villar, y sostuvo que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso deben darle continuidad al trámite sin dilaciones. Según explicó, la defensa de la exmandataria intentó cuestionar el monto y el método utilizado por los peritos judiciales, pero recordó que esas cuestiones ya fueron objeto de «investigación, juzgamiento y revisión» hasta alcanzar la autoridad de cosa juzgada.
Villar argumentó que el reclamo de Cristina Kirchner parte de un error conceptual, ya que el decomiso «no equivale a una indemnización o resarcimiento civil», sino que constituye un mecanismo penal destinado a recuperar los bienes que sirvieron para cometer delitos o que provienen de ganancias ilícitas. «Es la herramienta que posee el Estado para procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o de aquellos que son producto o ganancia de aquél», precisó el fiscal de la Causa Vialidad.
Mientras tanto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal analiza el planteo de la defensa. Hasta que se expida, el TOF 2 resolvió esperar antes de ejecutar la medida solicitada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron avanzar con la incautación de veinte inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner. Casación tiene cinco días hábiles para pronunciarse, un paso que podría destrabar la ejecución del decomiso por unos 684 mil millones de pesos, equivalentes a 500 millones de dólares.
Causa Vialidad: Cristina Kirchner quiere reducir el decomiso
La Cámara de Casación ya había confirmado semanas atrás que Cristina Kirchner debe devolver esa suma por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En esa oportunidad, los jueces respaldaron el criterio del TOF 2, que actualizó el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como parámetro.
La expresidenta había objetado ese método y propuso una actualización basada en la tasa pasiva promedio del Banco Central, que reduciría la cifra a 42 mil millones de pesos. Sin embargo, los magistrados desestimaron sus argumentos y consideraron que la actualización por IPC «preserva el valor real del beneficio ilícito frente a la depreciación monetaria».
En su resolución, el tribunal subrayó que el decomiso constituye una consecuencia accesoria obligatoria de la condena penal, en línea con el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción. Con el dictamen de Villar y la inminente definición de Casación, el caso se encamina a una etapa decisiva en la ejecución de bienes vinculados al mayor expediente judicial por corrupción de la era kirchnerista.
