El fiscal federal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación en la Causa Vialidad que culminó con la condena de la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, volvió a reclamar la ejecución del decomiso dispuesto por el Tribunal Oral Federal N.º 2. En una disertación ante el Rotary Club de Buenos Aires, Luciani sostuvo que el fallo «está firme» y que «lo único que hay que hacer es ejecutar», al tiempo que denunció la falta de avances en la recuperación de activos.
«El decomiso está firme. Tenemos una sentencia que ordena el pago solidario de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que cumplan, no lo hicieron. Esto es muy claro: hay que ir por los bienes», afirmó el fiscal durante el encuentro realizado en un hotel porteño. Según explicó, la Fiscalía presentó nuevas actuaciones para que el tribunal «cumpla con una sentencia firme» y concrete la incautación de bienes de la exmandataria, del empresario Lázaro Báez y del resto de los condenados.
Luciani recordó que, junto a su colega Sergio Mola, solicitó al TOF 2 avanzar de manera inmediata con la ejecución del decomiso, tras vencer el plazo de diez días hábiles para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86, equivalentes a unos 500 millones de dólares. En su exposición, subrayó que el caso probó la existencia de un «sistema de corrupción institucional» en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. «Demostramos en más de 70 horas de alegato que Néstor y Cristina Kirchner instauraron en Santa Cruz un auténtico mecanismo de manipulación de la contratación pública», afirmó.
Causa Vialidad: el enriquecimiento ilícito
El fiscal ejemplificó la magnitud del enriquecimiento ilícito con cifras concretas. «Lázaro Báez, que no tenía bienes registrables en 2003, en 12 años adquirió más de 420 mil hectáreas, el equivalente a veinte ciudades de Buenos Aires. Más de 400 inmuebles, estancias, departamentos, hoteles, 900 bienes muebles, vehículos, camiones, aviones y 55 millones de dólares fugados al exterior. Eso es la corrupción», denunció en el marco de la Causa Vialidad.
Luciani también vinculó la corrupción con la vulneración de derechos sociales y humanos. «Esto es lo que le quitan a las personas más vulnerables. La gran corrupción atenta contra los derechos humanos», sostuvo, y recordó que el artículo 36 de la Constitución Nacional considera la corrupción como un atentado contra la democracia.
Presiones sobre la Justicia
En otro tramo de su discurso, el fiscal se refirió a las presiones que, según él, sufrió el Ministerio Público durante el gobierno anterior. «Durante el gobierno de Alberto Fernández los fiscales y jueces fuimos sometidos a operaciones impensadas en democracia, por el simple hecho de cumplir con nuestro trabajo», denunció. Aseguró que existió una política de «acciones concretas para garantizar la impunidad de altos funcionarios» y citó el episodio en que el entonces presidente lo mencionó en televisión: «Dos días después de mi alegato, dijo ‘Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide’. La aclaración es que la hipótesis judicial es que a Nisman lo mataron».
Finalmente, Luciani señaló que la pena contra Cristina Kirchner «se está cumpliendo» y que «la sociedad ve que una persona que cometió un delito tan grave está cumpliendo su condena bajo la modalidad que dispuso la Justicia», en referencia a la prisión domiciliaria que la exmandataria cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución. Su reclamo por la ejecución del decomiso busca, según explicó, «cerrar el círculo de impunidad» y garantizar que el Estado recupere los fondos desviados a través del esquema de corrupción investigado.
