Cuatro exfuncionarios de Energía Argentina S.A. (Enarsa), la empresa estatal creada durante el kirchnerismo, fueron condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo llegó luego de un juicio abreviado en el que los acusados aceptaron su culpa a cambio de penas leves.
El juez federal Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal N.º 2, impuso condenas de entre dos y dos años y medio de prisión en suspenso. Los implicados son Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios. Todos reconocieron su participación en maniobras irregulares.
Contrataciones irregulares en Enarsa
La causa reveló que los funcionarios contrataron a la empresa P&D Control Group S.R.L. para inspeccionar refinerías de combustible. La firma pertenecía a Paula Gabriela Merlo, esposa de Fernández. Esa relación violaba las normas de transparencia.
El proceso de selección se hizo mediante un concurso privado de precios, pero los acusados manipularon el trámite para beneficiar a la compañía. La adjudicación se concretó por 1.080.000 pesos en 2010, sin cumplir los mecanismos de competencia ni los límites legales.
El contexto del caso y los antecedentes
En la misma resolución, el juez sobreseyó a Raúl Argañaraz, Ernesto Mazzola y Juan Giovachini. Los tres enfrentaban cargos menores por incumplimiento de deberes.
El principal imputado era el extitular de Enarsa, Exequiel Espinosa, un hombre cercano a Julio De Vido, exministro de Planificación. Espinosa murió en 2024 por una enfermedad pulmonar antes de la sentencia.
El fiscal Diego Luciani sostuvo que los acusados actuaron de manera coordinada para favorecer a la empresa de Merlo. Según la Fiscalía, los funcionarios “sabían que la contratación era irregular y aun así avanzaron con la adjudicación”.
Las penas y las condiciones impuestas
El juez condenó a Fernández a dos años y seis meses de prisión en suspenso. Teso, Tagle y Palacios recibieron dos años. Todos deberán fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Asistencia de Ejecución Penal durante el cumplimiento de la pena.
Costabel explicó que no aplicó prisión efectiva porque los acusados no tenían antecedentes penales. Sin embargo, señaló como agravante su rol como funcionarios y el conocimiento técnico que tenían sobre las normas que violaron.
Rodrigo Palacios intentó apelar la sentencia, pese a haber aceptado el juicio abreviado. El juez rechazó su pedido al entender que el acuerdo fue ratificado de forma libre y consciente. En paralelo, fuentes judiciales recordaron que el gobierno de Javier Milei busca avanzar en auditorías para evitar este tipo de prácticas en empresas estatales.
