Río de Janeiro vivió una jornada de extrema tensión. En un operativo policial con 2.500 agentes, helicópteros y drones, la policía buscó capturar a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”, presunto líder del Comando Vermelho. La redada dejó 64 fallecidos y más de 80 detenidos. Organismos internacionales expresaron preocupación por el uso de la fuerza en zonas densamente pobladas.
Un operativo sin precedentes en Brasil
Desde el amanecer, helicópteros y vehículos blindados sobrevolaron los complejos de Alemão y Penha, dos de las favelas más grandes de Río. La operación, coordinada por la Policía Militar y la Fiscalía, fue una de las más amplias de los últimos años.
El balance fue impactante: 64 muertos, entre ellos cuatro policías, y 81 detenidos. Se incautaron 42 fusiles de alto calibre y miles de municiones. Según el gobierno estatal, el objetivo era desarticular la estructura del Comando Vermelho y capturar a su líder regional.
Edgar Alves de Andrade, conocido como “Doca” o “Urso”, es acusado de homicidio, tráfico de drogas y tortura. La Fiscalía lo señala como responsable de coordinar operaciones criminales en Vila Cruzeiro y Morro do São Simão. Las autoridades mantienen una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que conduzca a su captura.
Críticas por el uso de la fuerza
El gobernador Cláudio Castro defendió la acción y la calificó como “una guerra necesaria contra el crimen”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionaron la magnitud del operativo y su impacto sobre la población civil.
Human Rights Watch advirtió que este tipo de intervenciones “ponen en riesgo a miles de residentes inocentes”. Recordó que un proyecto de ley en Río de Janeiro prevé incentivos financieros para policías que disparen contra sospechosos, algo que —según la ONG— “podría alentar ejecuciones extrajudiciales”.
La ONU también expresó preocupación y pidió una investigación independiente sobre las muertes registradas. Su oficina regional de derechos humanos destacó “el alto nivel de letalidad policial” en Brasil y reclamó mayor supervisión civil.
Escenas de guerra en las favelas
Durante la jornada, más de 200.000 personas quedaron afectadas por la violencia. Hubo interrupciones de transporte, cierre de comercios y suspensión de clases en 45 escuelas. Testigos describieron tiroteos, incendios y drones que lanzaban granadas desde el aire.
Las favelas de Alemão y Penha permanecen bajo vigilancia policial mientras continúan los operativos de búsqueda. Las autoridades afirmaron que “el control territorial no será cedido nuevamente al crimen organizado”.
Un problema estructural
La violencia policial en Río de Janeiro es una constante. En 2024, más de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas de seguridad, casi dos por día. En 2022, una redada en Vila Cruzeiro, zona vecina a Penha, dejó 23 muertos y denuncias de abusos.
Expertos advierten que las operaciones de gran escala no resuelven el conflicto a largo plazo. Sin una presencia estatal sostenida y políticas sociales en las favelas, la violencia tiende a reaparecer.
El desafío, según analistas, será transformar estas acciones de fuerza en una estrategia duradera que combine justicia, desarrollo y control territorial.
