En una madrugada cargada de tensión, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por «incapacidad moral permanente», tras una votación que alcanzó los 118 votos a favor. La decisión dejó al país andino, una vez más, sumido en la incertidumbre política. El titular del Parlamento, José Jerí, juró de inmediato como presidente interino, en un clima de inestabilidad y desconfianza hacia la clase dirigente.
Boluarte, de 63 años, había llegado al poder en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, pero su gestión se convirtió rápidamente en una seguidilla de crisis y escándalos. Su salida marca un nuevo capítulo en la turbulenta historia política peruana: siete presidentes en menos de diez años, dos destituidos, dos renunciados y uno interino, en un país sin estabilidad institucional desde hace casi una década.
Las razones de la destitución: inseguridad y “abandono moral”
El Congreso basó su decisión en el argumento de una “incapacidad moral permanente”, señalando la ola de inseguridad, extorsiones y crímenes violentos que se han multiplicado en todo el territorio. La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, fue contundente: “El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada.”
El juicio político relámpago fue duramente criticado por la defensa de Boluarte. Su abogado, Juan Carlos Portugal, sostuvo que no hubo garantías ni tiempo suficiente para preparar una respuesta adecuada. La exmandataria se negó a presentarse ante el Parlamento, denunciando una maniobra política y asegurando ser víctima de una persecución institucional.
Sin apoyo político ni popularidad
Durante su gestión, Boluarte no contó con una bancada propia ni con respaldo ciudadano. Aunque intentó tejer alianzas con sectores conservadores, su gobernabilidad se debilitó progresivamente. En los últimos meses, la escalada de violencia urbana, los casos de extorsión, y el descontento social terminaron de erosionar su legitimidad.
A esto se sumaron los escándalos personales que golpearon su imagen. Fue investigada por la represión de protestas tras asumir el poder en 2022 —que dejó más de 50 muertos—, señalada por abandono de cargo al someterse a una cirugía estética sin aviso oficial, y envuelta en el “Rolexgate”, luego de ser vista usando joyas de lujo no declaradas.
Un nuevo presidente y un país al borde del abismo
Con la destitución, Boluarte pierde su fuero presidencial y podría enfrentar procesos judiciales en libertad. Su salida marca el regreso del poder a manos del Congreso, que designó a José Jerí como presidente interino. Jerí, de tendencia derechista, prometió “restablecer la confianza y convocar a la unidad nacional”, aunque su llegada al poder no garantiza estabilidad en un país donde los gobiernos suelen durar menos que los mandatos previstos.
Las elecciones generales están programadas para abril de 2026, pero diversos analistas advierten que podrían adelantarse si la presión social y la falta de gobernabilidad se intensifican. Mientras tanto, las calles de Lima amanecieron con protestas y cacerolazos, en un reflejo de la fatiga ciudadana frente a un sistema político que parece no encontrar salida.
Perú, un país atrapado en su propia crisis
La destitución de Dina Boluarte consolida una tendencia que parece no tener fin: ningún presidente peruano logra completar su mandato. Desde 2016, el país ha atravesado una sucesión de gobiernos fallidos, corrupción, enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo, y una descomposición institucional que ahoga cualquier intento de estabilidad.
Hoy, Perú vuelve a escribir otra página en su historia reciente, marcada por la inestabilidad política, la corrupción sistémica y la pérdida de confianza ciudadana. Con José Jerí en el poder y un Congreso dividido, la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿podrá el país encontrar, al fin, un rumbo hacia la gobernabilidad democrática?
