Tras un ajustado quórum, la oposición avanza este miércoles en la Cámara de Diputados con el objetivo de convertir en ley el nuevo régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta iniciativa pone en jaque la facultad del presidente Javier Milei para gobernar mediante decretos. Aunque el temario legislativo incluye interpelaciones y pedidos de informes a funcionarios, el punto más sensible para la Casa Rosada es la reforma de la Ley 26.122, que regula los DNU y que, de aprobarse, permitiría anularlos con el rechazo de una sola cámara.
La normativa vigente, sancionada durante el kirchnerismo, fue impulsada por Cristina Kirchner en 2006 para consolidar el modelo de hiperpresidencialismo, al exigir el aval de ambas cámaras para derogar un decreto del Poder Ejecutivo. Con el nuevo proyecto, los DNU tendrían una vigencia de tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial, y el oficialismo debería lograr su convalidación en ese plazo para mantenerlos vigentes. En caso contrario, la oposición podría tumbarlos con el rechazo de una sola de las cámaras.
El texto también establece que, una vez derogado un DNU, el Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia hasta el siguiente año parlamentario. Además, se prohíbe que un mismo decreto abarque más de una cuestión, un punto que apunta directamente al polémico DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre pasado y que incluyó reformas laborales, económicas y administrativas.
Las posturas sobre la reforma de DNU
El proyecto cuenta con media sanción del Senado y divide aguas en Diputados. Desde Encuentro Federal, su presidente Miguel Ángel Pichetto defendió la iniciativa: «No es una medida contra el Presidente Milei, sino un paso hacia una democracia de consenso». El legislador recordó que había acompañado la ley original en 2006, pero sostuvo que «hoy es imprescindible un nuevo instrumento que ponga límites a la utilización desmedida de los DNU, que rozan materias no pertinentes».
Por su parte, el diputado libertario Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, advirtió que la reforma «va en contra de la Constitución» y denunció una maniobra opositora para «desestabilizar al Gobierno». «La urgencia de un decreto es una valoración política, no jurídica», subrayó. «Querer imponer la caducidad automática de los DNU vulnera el sistema constitucional argentino», insistió.
