La falta de reglamentación se volvió una práctica persistente en la política argentina del Gobierno, sin distinción de banderas políticas. En la última década, al menos 14 leyes sancionadas por el Congreso Nacional siguen sin los decretos que habiliten su aplicación plena, según un relevamiento realizado por la Dirección de Información Parlamentaria a pedido de LN+.
De ese total, un tercio corresponde a normas vinculadas al área de salud, lo que genera un vacío institucional que deja a miles de beneficiarios sin acceso a los derechos que las leyes deberían garantizar.
La emergencia en discapacidad, último caso
El caso más reciente es el de la ley de emergencia en discapacidad, cuya reglamentación debía completarse el 4 de octubre, treinta días después de su promulgación. El Gobierno de Javier Milei decidió posponerla hasta definir “las fuentes de financiamiento”, dejando la norma en suspenso pese a haber sido aprobada por insistencia del Congreso tras el veto presidencial.
El diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) amplió su denuncia judicial contra el Ejecutivo por omisión reglamentaria, un reclamo que expone un problema estructural que atraviesa gestiones de distinto signo político.
Una década de normas sin efecto
Entre las leyes que aún esperan su reglamentación figuran textos de larga data, como la Ley 27.197 de lucha contra el sedentarismo, sancionada en octubre de 2015 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de que el artículo 13 establecía un plazo de 90 días para su decreto reglamentario, pasaron tres gobiernos sin avances.
Otro ejemplo es la Ley 27.202, aprobada dos semanas después, destinada a promover la actividad física y la investigación médica en el deporte. A casi diez años de su sanción, también sigue pendiente.
Entre las más recientes se encuentran las Ley 27.712 de promoción de la enfermería. Y que busca incrementar la formación de profesionales del sector, y la Ley 27.716, sobre diagnóstico humanizado del síndrome de Down. Ninguna fue reglamentada pese a los plazos —de 120 y 180 días, respectivamente— que establecían sus artículos finales.
A ellas se suma la Ley 27.732, que aborda la prevención y tratamiento de la pubertad precoz, y la Ley Nicolás (27.797), promulgada esta semana para garantizar atención médica segura y de calidad, cuyo decreto reglamentario debe emitirse en un plazo de 180 días.
Omisión que vulnera derechos
La falta de reglamentación no es una mera demora administrativa. Según el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se trata de una “garantía primaria para hacer efectiva una ley”. “Cuando el Poder Ejecutivo no reglamenta una norma sancionada por el Congreso, la priva de vigencia y vulnera el principio de división de poderes”, explicó.
Su colega Antonio María Hernández coincidió en que esta práctica representa un “vacío institucional grave”, que puede dejar sin efecto los acuerdos legislativos alcanzados.
Los especialistas advierten, además, que la única vía judicial para exigir la aplicación de una ley no reglamentada es el recurso de amparo, previsto en el artículo 43 de la Constitución. Sin embargo, no todos los ciudadanos cuentan con los medios ni con el tiempo para sostener un proceso judicial de esas características. Lo que profundiza la desigualdad en el acceso a derechos.
Un déficit institucional sin control
En la actualidad, no existe un registro público oficial que detalle qué leyes están pendientes de reglamentación. En 2023, la Coalición Cívica presentó un proyecto para crear una base pública de control. Además, de obligar al jefe de Gabinete a rendir informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos. La iniciativa nunca fue tratada.
Para los constitucionalistas, la falta de rendición de cuentas entre el Congreso y el Ejecutivo en este aspecto deja un margen discrecional que erosiona la transparencia institucional. “Cuando un gobierno decide qué leyes aplicar y cuáles dejar en suspenso, lo que está ejerciendo es una forma de poder autocrático”, sintetizó Gil Domínguez.
