Javier Milei fue claro antes de las elecciones: «Un buen resultado sería el que me asegure un tercio en la Cámara de Diputados». Ese umbral —86 escaños— es clave para evitar que la oposición imponga leyes contrarias al programa económico y, sobre todo, para blindarse ante eventuales intentos de juicio político.
Los libertarios ponen en juego apenas 8 de sus 37 bancas, por lo que, incluso con un resultado moderado, ampliarán su presencia en el Congreso. Pero la verdadera batalla no será aritmética, sino política: alcanzar el equilibrio que le permita al Gobierno aprobar o bloquear proyectos en un Congreso más fragmentado.
El test de gobernabilidad y las lecciones del pasado
Durante su primer año, el oficialismo sufrió varias derrotas en el recinto, lo que atribuye a la falta de apoyo legislativo y a la resistencia de los bloques provinciales. Algunas leyes fueron sancionadas pero nunca reglamentadas —como la emergencia en discapacidad o el financiamiento universitario—, una táctica que generó fricciones y desconfianza.
Esa dinámica no podrá repetirse. Según fuentes del Ejecutivo, Milei necesita ampliar su base política si quiere evitar que el Congreso se convierta en un factor de inestabilidad. Por eso, el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, insistió durante las negociaciones por el swap de USD 20.000 millones en la necesidad de fortalecer los consensos internos.
Escenarios electorales y su impacto en el Congreso
Una buena elección —por encima del 35%— permitiría a La Libertad Avanza acercarse a las 80 bancas propias, alcanzando el tercio con la ayuda del PRO y aliados provinciales. Un resultado intermedio (entre 30% y 34%) lo dejaría al borde del objetivo, con necesidad de recurrir a gobernadores y bloques dialoguistas.
En cambio, un mal desempeño —por debajo del 30%— complicaría las negociaciones, especialmente si el oficialismo pierde en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. En ese caso, Milei quedaría casi totalmente condicionado por los mandatarios provinciales, quienes pasarían a tener un rol decisivo en la gobernabilidad.
El tablero opositor: peronismo, radicales y provinciales
El Frente de Todos (Fuerza Patria) arriesga 46 de sus 98 bancas. En el mejor escenario, conservaría cerca de 100 escaños y seguiría siendo la primera minoría; en el peor, podría caer a 85. Los peronistas tucumanos, que habían tenido un acercamiento fugaz al Gobierno, ponen en juego dos de sus tres lugares.
Los radicales llegan fragmentados: la UCR renueva 11 de sus 14 bancas, la Coalición Cívica arriesga 4 de 6, y los espacios menores —Democracia para Siempre y La Liga del Interior— exponen 12 y 6 respectivamente. Si no logran unificar criterios, podrían perder peso y quedar reducidos a bloques testimoniales.
El bloque de los gobernadores, árbitro del Congreso
El nuevo espacio Provincias Unidas, liderado por Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Claudio Vidal, Carlos Sadir, Ignacio Torres y Gustavo Valdés, podría sumar entre 20 y 30 diputados. Con figuras como Miguel Pichetto, Juan Schiaretti, Nicolás Massot y Martín Lousteau, busca posicionarse como tercera fuerza.
Este bloque aspira a ser el árbitro del Congreso, capaz de inclinar la balanza según la negociación. Su peso dependerá de los acuerdos que logre con mandatarios aún no integrados, como los de Misiones, Río Negro o San Juan, y de su relación con el oficialismo, que oscila entre la cooperación y la desconfianza.
Negociar o confrontar: el dilema del oficialismo
Los gobernadores ya demostraron que pueden apoyar o frenar al Ejecutivo según sus intereses. Respaldaron la Ley Bases y el Pacto Fiscal, pero también bloquearon proyectos sensibles como el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. En las últimas semanas enviaron un mensaje político al vaciar la sesión sobre la reforma de los DNU.
La posibilidad de que Milei logre estabilizar el Congreso dependerá de su disposición a abandonar la lógica del “todo o nada” y los ataques verbales hacia sus interlocutores. El ascenso de figuras con perfil negociador dentro del Gabinete será clave para recomponer puentes y garantizar una mínima previsibilidad institucional.
