Javier Milei tiene previsto presentar este jueves en la cárcel de Ezeiza el nuevo Código Penal que será enviado al Congreso. Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona lo acompañarán en el acto. Según adelantó América TV, la iniciativa endurece penas, restringe beneficios y tipifica delitos modernos. Los detalles generan expectativa en el ámbito judicial y político.
Milei y el anuncio en la cárcel de Ezeiza
El Gobierno prepara para mañana la presentación del proyecto de reforma del Código Penal en un acto con fuerte carga simbólica. Javier Milei eligió la cárcel de Ezeiza como escenario bajo la consigna de que “el que las hace, las paga”. Estará acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. También participará el camarista Mariano Borinsky, coordinador del proceso de redacción.
El nuevo Código Penal busca reemplazar al vigente desde 1921, que sufrió más de mil modificaciones parciales en más de un siglo. El texto, revisado por jueces, abogados y especialistas, apunta a depurar conductas ya no penadas, tipificar nuevos delitos y endurecer sanciones en casos de reincidencia y reiteración delictiva.
Según adelantaron fuentes oficiales, el proyecto establece la restricción de la libertad condicional y el decomiso anticipado de bienes vinculados al delito. Además, refuerza la figura de la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y agrava las penas por delitos graves.
Delitos informáticos, corrupción y protestas sociales
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la actualización frente a delitos modernos. El proyecto incluirá penas más duras para el fraude digital, la creación de imágenes falsas con inteligencia artificial y los ciberataques complejos. También tipificará el “stealthing”, la pornovenganza, el secuestro virtual y la violencia organizada.
En materia de corrupción, se prevé un incremento de sanciones para funcionarios y la eliminación de beneficios como la libertad condicional para condenados por delitos graves. También se incorporarán figuras como el soborno entre privados y se endurecerán las penas por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Otro punto que anticipa debate es la regulación de las manifestaciones. El texto fija hasta tres años de prisión para quienes entorpezcan el tránsito y hasta dos años para quienes arrojen objetos contundentes en protestas sociales. En caso de agresión a fuerzas de seguridad, las penas se agravarán.
La reforma también penalizará con mayor severidad delitos ambientales como la minería ilegal, los incendios forestales y la afectación de bosques nativos. Asimismo, prevé sanciones contra quienes promuevan la violencia en el deporte y en eventos masivos.
El proyecto será enviado al Congreso tras el anuncio en Ezeiza. Desde el oficialismo sostienen que se trata de una reforma integral que actualiza más de cien años de legislación penal. La oposición, en cambio, ya anticipa un debate intenso sobre los alcances de la iniciativa, en especial en lo relativo a la protesta social y la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad.
