En una audiencia clave celebrada este miércoles en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan, al menos dos de los tres jueces que integran el panel judicial expresaron dudas sobre si la justicia de Estados Unidos es el ámbito competente para resolver la demanda por la expropiación de YPF. De esta manera, los magistrados dan una luz favorable para la posición argentina, según informó la agencia Reuters.
El caso se centra en la apelación que presentó el Estado argentino contra el fallo de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, que había condenado al país a pagar miles de millones de dólares a los fondos litigantes Burford Capital y Eton Park, accionistas minoritarios de la petrolera estatal. La defensa argentina sostiene que el litigio «debió tramitarse en los tribunales nacionales», dado que se basa en la interpretación de la ley argentina sobre la expropiación dispuesta en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Durante la audiencia, dos magistrados del panel de tres plantearon la posibilidad de que el caso no corresponda a la jurisdicción norteamericana, una observación que, de confirmarse en el fallo, podría significar la anulación parcial o total de la sentencia de Preska. Este cambio de enfoque generó un impacto inmediato en los mercados financieros: las acciones de Burford Capital, principal financiador del litigio, cayeron más del 10% tras conocerse los comentarios de los jueces.
El equipo legal de la Argentina argumentó ante el tribunal que la decisión inicial se basó en una «incorrecta interpretación de la ley local», ya que la supuesta violación del estatuto de YPF solo podía ser evaluada por la justicia argentina, dado que el estatuto fue redactado bajo derecho nacional.
YPF: la posición de los demandantes
Los representantes de Burford, por su parte, insistieron en que los inversores extranjeros fueron perjudicados y que Argentina actuó de manera “arbitraria y discriminatoria” al no cumplir las condiciones contractuales establecidas en el momento de la nacionalización.
Sin embargo, los cuestionamientos de los jueces sobre la competencia territorial debilitan la posición de los demandantes y podrían abrir la puerta a una revisión integral del caso. Según los analistas consultados por Reuters, si la Corte de Apelaciones decide devolver el expediente a jurisdicción argentina o reducir el alcance del fallo original, el monto final de la condena podría reducirse drásticamente o incluso anularse.
El litigio se inició en 2015, cuando los fondos adquirieron los derechos de litigio de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, exaccionistas de YPF. Desde entonces, Argentina ha mantenido una defensa centrada en el principio de soberanía jurídica y en la naturaleza pública de la decisión de expropiación.
