El juez federal Lino Mirabelli pidió a la Cámara de Diputados que lo autorice a avanzar con medidas sobre José Luis Espert, protegido por la ley de fueros. La investigación incluye un pago de US$200.000 de Federico Machado, empresario preso en EE.UU. La decisión ahora está en manos de Martín Menem, confirmaron fuentes al medio LA NACION.
Pedido judicial para avanzar sobre Espert
Mirabelli solicitó formalmente al presidente de la Cámara baja un allanamiento y secuestro de bienes del legislador. La medida se enmarca en la causa por lavado de dinero iniciada tras la denuncia de Juan Grabois y a cargo del fiscal Fernando Domínguez.
El objetivo es rastrear movimientos de dinero del diputado y revisar sus cuentas. Esto requiere levantar el secreto fiscal y bancario. Hasta que la Cámara de Diputados no otorgue autorización, no se podrán realizar allanamientos, secuestros ni intervenciones de comunicaciones, según la ley de fueros.
La transferencia de US$200.000
José Luis Espert está siendo investigado por recibir 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, procesado en EE.UU. por delitos que incluyen conspiración para narcotráfico. La transferencia quedó registrada en un libro contable del Bank of America, incorporado a la causa estadounidense, y coincide con la información aportada por Grabois en San Isidro.
El contrato firmado en junio de 2020 establecía que José Luis Espert realizaría asesorías económicas para Minas del Pueblo, una minera guatemalteca vinculada a Machado. El acuerdo preveía pagos mensuales de 100.000 dólares durante nueve meses, más un pago inicial.
Hallazgos en allanamiento previo
En la misma causa, Mirabelli ordenó un allanamiento en la casa de Viedma donde Machado estaba bajo arresto domiciliario. La Policía Federal encontró una copia del contrato de un millón de dólares entre Espert y el empresario. El hallazgo refuerza la investigación por lavado de dinero y sustenta la solicitud de medidas sobre el diputado.
Próximos pasos en el Congreso
El pedido judicial ya está en el despacho de Martín Menem. Él decidirá si somete la solicitud al pleno o la deriva a la Comisión de Asuntos Constitucionales antes de su tratamiento.
Hasta que la Cámara se pronuncie, Espert mantiene la protección de la ley de fueros. No podrá ser objeto de medidas de registro ni secuestro de bienes. La decisión legislativa será clave para determinar los próximos pasos del juez federal.
