El empresario Lázaro Báez volvió a quedar alojado este domingo en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, luego de que la Justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria. El traslado fue dispuesto por el juez federal Claudio Vázquez, quien ordenó además que se le asigne un pabellón con mejores condiciones sanitarias, tras las denuncias de su defensa sobre el estado del penal de Río Gallegos.
Báez, condenado en las causas “Ruta del dinero K” y “Vialidad”, había solicitado el beneficio por su delicado cuadro de salud, pero el magistrado desestimó el pedido al no encontrar fundamentos médicos suficientes para justificar el régimen domiciliario. Sin embargo, reconoció que las condiciones en su lugar de detención eran “inadecuadas” y dispuso su traslado inmediato a Buenos Aires.
Un operativo discreto y un destino especial dentro del penal
El traslado comenzó el sábado a la mañana: por tierra desde la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos hasta Trelew, en Chubut. Desde allí viajó en avión hacia Buenos Aires, bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Fuentes judiciales confirmaron que, al llegar, fue internado en el Hospital Central Penitenciario de Ezeiza para realizarse estudios clínicos y cardiológicos. Se espera que en las próximas horas sea ubicado en un pabellón especial, destinado a presos con patologías crónicas. En ese sector también se encuentra Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.
El juez Néstor Costabel, titular del Tribunal Oral Federal N° 4, que supervisa la ejecución de la condena, había ordenado previamente una nueva evaluación médica integral, incluyendo electrocardiograma, ecocardiograma y análisis completos. El objetivo es determinar si Báez se encuentra en una situación de riesgo vital, como sostiene su defensa.
Las condiciones en Río Gallegos y el reclamo de la defensa
La defensa, a cargo de los abogados Lucas y Yanina Nicoletti, presentó un habeas corpus para denunciar las condiciones “inhumanas” en las que se encontraba su cliente. Describieron su celda como un “buzón” sin ventilación, con filtraciones y un solo baño compartido por 20 internos.
“Era un lugar de castigo, carente de habitabilidad mínima”, plantearon los letrados, quienes además alertaron que Báez, de 69 años, sufre EPOC, hipertensión, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales. También señalaron que el empresario perdió peso y su movilidad está reducida.
Durante la audiencia, el juez Vázquez reconoció el deterioro edilicio, pero concluyó que “no hubo un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”. En consecuencia, rechazó otorgarle la prisión domiciliaria. En cambio, dispuso su traslado “a un establecimiento con infraestructura adecuada para su estado clínico”.
Críticas y tensión durante el traslado
Mientras se concretaba el viaje hacia Buenos Aires, los abogados denunciaron haber perdido contacto con su defendido durante varias horas. En una presentación ante el TOF N° 4, advirtieron una “situación de total incertidumbre” sobre su paradero. Y acusaron al Servicio Penitenciario de actuar con “falta de transparencia”.
“Evoca prácticas propias de épocas que la República no puede repetir”, escribieron los defensores en un texto que generó tensión con las autoridades judiciales.
Las causas y las condenas vigentes
Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por lavado de dinero y administración fraudulenta. En paralelo, fue sentenciado a otros tres años y medio por apropiación indebida de aportes patronales en empresas de su grupo. Sin embargo, cabe aclarar que esa última pena aún no está firme.
Detuvieron al empresario en abril de 2016, uno de los principales contratistas del kirchnerismo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Desde entonces, alternó entre Ezeiza y Río Gallegos, donde permaneció por razones de salud.
Con el nuevo fallo, deberá continuar cumpliendo su condena en Buenos Aires, bajo supervisión médica permanente. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema deberá emitir en los próximos días un informe clave que podría definir si, en el futuro, el empresario puede acceder a un régimen de prisión domiciliaria.
