El ministro de Defensa, Luis Petri, volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras conocerse un proyecto que, de concretarse, implicaría la venta de más de 13.000 hectáreas pertenecientes al Estado en La Calera, una zona estratégica ubicada a solo 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
La posible enajenación de esos terrenos, de altísimo valor inmobiliario, generó fuertes suspicacias políticas y motivó un pedido de explicaciones en el Congreso, impulsado por el diputado Oscar Agost Carreño (PRO). Según trascendió, la iniciativa habilitaría el traspaso de una franja de tierras del Ejército, rodeada de barrios cerrados y emprendimientos de lujo, lo que podría transformarse en un negocio multimillonario para el sector privado.
Aunque la operación aún no fue oficializada, legisladores opositores advierten sobre un posible vaciamiento patrimonial del Estado, en un contexto donde ya pesan sobre Petri denuncias por manejos irregulares en su cartera. “Hay que garantizar transparencia absoluta. No se puede disponer de tierras públicas de esta magnitud sin control del Congreso”, señalaron fuentes parlamentarias vinculadas al reclamo.
El escándalo se suma a una serie de controversias que rodean al funcionario mendocino, quien enfrenta críticas por el colapso de la obra social militar (IOSFA), presuntas contrataciones bajo investigación judicial y su doble rol como ministro y candidato a diputado nacional. Estos cuestionamientos reavivan las tensiones dentro del oficialismo, donde algunos sectores observan con preocupación el impacto político de la figura del ministro.
Hasta el momento, Petri no realizó declaraciones públicas sobre el caso, aunque en su entorno aseguran que “no existe ningún plan de venta en marcha” y que “todo se trata de una maniobra política”. Sin embargo, en Córdoba, el tema ya encendió las alarmas tanto entre dirigentes locales como entre vecinos preocupados por el futuro de uno de los últimos pulmones verdes del área metropolitana.
