El Gobierno nacional restituyó más de 100.000 pensiones por discapacidad laboral que habían sido suspendidas en los últimos meses, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado N° 2 de Catamarca. La decisión obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a reactivar los pagos en 24 horas y a detener las auditorías en marcha, así como cualquier nueva baja, hasta que haya una sentencia firme.
La resolución responde a un amparo colectivo presentado por el Defensor del Pueblo de Catamarca, con el apoyo de diversas organizaciones de personas con discapacidad. En septiembre, el mismo magistrado había dictado una cautelar que solo regía en la provincia, pero ahora extendió los efectos a todo el territorio nacional.
Cumplimiento y publicación en el Boletín Oficial
El cumplimiento de la medida se formalizó este miércoles mediante la resolución 12621/2025, firmada por el interventor de la ANDIS, Alejandro Alberto Vilches, y publicada en el Boletín Oficial.
El texto ordena “restablecer los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I” y “reanudar los pagos correspondientes al período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”. Además, instruye a las áreas técnicas del organismo a abstenerse de iniciar o continuar auditorías de pensiones mientras esté vigente la cautelar.
Fuentes judiciales confirmaron que el fallo alcanza a todas las provincias y tiene efecto inmediato. El gasto correspondiente se cubrirá con partidas específicas del presupuesto vigente, lo que implicará un impacto fiscal considerable sobre las cuentas públicas.
Las irregularidades detectadas
El juez Díaz Martínez advirtió que la mayoría de las suspensiones dispuestas por el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, se realizaron sin auditorías programadas y con serias deficiencias administrativas. En muchos casos, los beneficiarios no fueron notificados, recibieron plazos insuficientes o debían trasladarse cientos de kilómetros para validar sus certificados médicos.
El magistrado citó la doctrina del caso “Halabi, Ernesto c/ PEN”, en el que la Corte Suprema definió los criterios para las acciones colectivas. En su fallo, sostuvo que la situación de los afectados configura un “hecho único y continuado” que lesionó derechos de manera homogénea, justificando así una sentencia de alcance nacional.
Contexto político y reclamos sociales
Desde que comenzaron las bajas masivas, las organizaciones de personas con discapacidad realizaron movilizaciones periódicas frente a la Casa Rosada y al Congreso, reclamando la restitución de los beneficios y la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Parlamento pero aún sin aplicación efectiva.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había defendido públicamente las suspensiones, señalando que el Estado “ahorraba miles de millones de pesos” y denunciando supuestas irregularidades en la entrega de las pensiones. Sin embargo, el fallo de la justicia federal obliga ahora al Gobierno a revertir esas medidas y revisar los procedimientos utilizados.
Críticas al Decreto 843/2024
El amparo judicial cuestiona además el Decreto 843/2024, firmado en septiembre del año pasado, que modificó los criterios de acceso a las pensiones no contributivas. La norma elevó al 66% el umbral de discapacidad laboral requerido y amplió las causales de suspensión y caducidad, endureciendo los controles sin un marco reglamentario claro.
Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría iniciado en agosto de 2024 se aplicó sin criterios públicos ni protocolos de accesibilidad. Y afectando gravemente a quienes viven en zonas alejadas o carecen de medios para realizar traslados y trámites presenciales.
El fallo también instó a subsanar la vacancia prolongada en la Defensoría del Pueblo de la Nación. En tanto exhortó al Congreso a sancionar una ley específica para regular las acciones colectivas, figura clave en este tipo de litigios sociales.
Un impacto de alcance nacional
Con la restitución, el Gobierno deberá reanudar los pagos a más de 100.000 beneficiarios en todo el país. La medida marca un duro revés judicial para el oficialismo, que había defendido la política de recortes como parte de su programa de “eficiencia fiscal”.
En la Casa Rosada evitaron pronunciarse sobre el fondo del fallo. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud admiten que la ANDIS no podrá aplicar nuevas suspensiones hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo.
