El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de la Capital Federal procesó este martes a Héctor Guerrero, el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno durante una marcha de jubilados frente al Congreso. La jueza María Servini dictó el procesamiento sin prisión preventiva por los delitos de lesiones gravísimas y abuso de armas, agravado por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
Si bien Guerrero no quedará detenido, la magistrada dispuso un embargo de 203 millones de pesos sobre sus bienes y lo citó a una audiencia virtual para el próximo jueves. La resolución judicial se apoyó en una extensa cantidad de material probatorio, que incluyó imágenes de cámaras de seguridad, drones y transmisiones televisivas, además de peritajes balísticos y reconstrucciones de la trayectoria del proyectil.
El expediente judicial también incorpora el informe médico de Pablo Grillo, que da cuenta de la magnitud de las lesiones sufridas: fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica, hematoma subdural y contusiones bilaterales. El fotógrafo debió ser sometido a múltiples cirugías y permanece bajo tratamiento médico prolongado.
Con este fallo, el caso avanza hacia una etapa clave de instrucción, mientras se analiza la posible responsabilidad de otros efectivos que participaron del operativo. La decisión de Servini reaviva el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.
Las pericias del caso de Pablo Grillo
Según consta en los informes técnicos incorporados al expediente, el gendarme disparó el arma de manera «antirreglamentaria, horizontal y en línea recta«, lo que violó los protocolos de actuación y puso «en grave riesgo la vida de la víctima». Los especialistas concluyeron que el tiro fue efectuado a nivel del cuerpo, cuando las normas establecen que este tipo de proyectiles deben ser disparados con un ángulo de 45 grados hacia arriba para minimizar daños.
Las pruebas fílmicas fueron determinantes para confirmar la secuencia de los hechos y el accionar deliberado del uniformado. «El accionar del efectivo no fue producto de un error operativo, sino de una conducta consciente y contraria a los procedimientos establecidos para el uso de armas menos letales», indicaron los peritos.
